El problema de las invasiones de tierra en Honduras no da tregua. Al cierre del primer trimestre de 2026, el fenómeno registró un incremento del 5%, pasando de 66,000 a casi 70,000 manzanas ocupadas ilegalmente en todo el territorio nacional, según alertó el asesor legal del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), Olbin Mondragón.
«Antes hablábamos de 66,000 manzanas de tierra y hoy casi 70,000, lo cual nos preocupa», declaró Mondragón.
El representante del organismo empresarial identificó a Francisco Morazán como uno de los focos más críticos, señalando específicamente el Distrito Central, San Matías y el valle de Támara como zonas donde las usurpaciones se multiplican sin freno.
El abogado fue contundente al señalar las causas estructurales del problema: «Cuando hay seguridad jurídica débil o una institucionalidad que no está funcionando, las invasiones de tierra seguirán campeando o en alza».
Y advirtió que, sin voluntad política real para aplicar la ley, el ciclo no se romperá: «Cuando una persona anda delinquiendo, pero nunca la toca la justicia, continuará en lo mismo».
El COHEP ha señalado que la falta de un plan estatal claro para enfrentar las invasiones mantiene bajo presión la seguridad jurídica en Honduras y profundiza la incertidumbre en el sector productivo.
El propio ministro de Seguridad, Gerzon Velásquez, reconoció en marzo pasado que las invasiones de tierra y tomas de carreteras han impedido que distintas unidades productivas desarrollen adecuadamente su trabajo.
En ese contexto, el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, instruyó a la Comisión de Seguridad crear una mesa técnica legal integrada por la Secretaría de Seguridad, la Policía Nacional, las Fuerzas Armadas, el Ministerio Público, el Instituto Nacional Agrario (INA) y el Instituto de la Propiedad (IP). El COHEP aguarda formalmente esa convocatoria.
Mondragón exigió que se analicen los expedientes de denuncia, se cite a las partes involucradas y se emitan y ejecuten órdenes de desalojo contra quienes carezcan de documentos que acrediten la propiedad.
Sin acción concreta, advirtió, Honduras seguirá perdiendo inversión, empleos y credibilidad internacional en materia de seguridad jurídica.