En el marco de una estrategia integral orientada a combatir de manera frontal el delito de extorsión, la Mesa Técnica Interinstitucional, conformada por las Fuerzas Armadas a través del Instituto Nacional Penitenciario (INP), la Policía Nacional mediante la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas contra el Crimen Organizado (DIPAMPCO) y el Ministerio Público a través de la Fiscalía Especial contra el Crimen Organizado (FESCCO), tiene en marcha una operación estratégica que permitió la reubicación de más de 90 privados de libertad vinculados a la coordinación de actividades ilícitas desde distintos centros penitenciarios del país.
De acuerdo con los procesos investigativos desarrollados por equipos de inteligencia del INP y unidades especializadas de DIPAMPCO, estos individuos fueron identificados como los principales responsables de dirigir estructuras criminales dedicadas a la extorsión, así como a la planificación de atentados en diversas ciudades del territorio nacional, afectando directamente a la población y a importantes sectores productivos.
Las reubicaciones se ejecutaron de manera simultánea en los centros penales de Támara, Siria, Ilama y Morocelí, como parte de una acción coordinada que busca debilitar las estructuras delictivas mediante el aislamiento de sus principales cabecillas y la interrupción de los canales de comunicación utilizados para ordenar y ejecutar actividades ilícitas desde el interior de los recintos penitenciarios.
Autoridades señalaron que esta medida se enmarca en un proceso sostenido de control, reorganización y depuración del sistema penitenciario, orientado a recuperar la gobernabilidad en los centros penales y evitar que estos continúen siendo utilizados como plataformas para la comisión de delitos.
De manera paralela, la Mesa Técnica Interinstitucional informó que se están impulsando nuevos procesos judiciales en contra de estos privados de libertad, con el objetivo de obtener sentencias condenatorias adicionales por su participación en delitos de alto impacto, fortaleciendo así la respuesta del Estado frente al crimen organizado.
Asimismo, estas acciones operativas han sido complementadas con la captura de múltiples colaboradores externos, requeridos por DIPAMPCO en coordinación con las unidades de inteligencia del INP. Estos individuos fungían como enlaces logísticos de las estructuras criminales, encargándose de la recolección de pagos extorsivos y de la ejecución de atentados armados, teniendo como principales víctimas a transportistas, pequeños emprendedores y microempresarios.
Las investigaciones han permitido establecer que esta red de extorsionadores estaba integrada por miembros de maras, pandillas y otras estructuras criminales emergentes, quienes buscaban mantener activos los cobros ilegales en distintas regiones del país.
Las instituciones que integran la Mesa Técnica Interinstitucional reiteraron su compromiso de continuar trabajando de manera articulada, fortaleciendo las capacidades operativas, investigativas y legales, con el propósito de garantizar la seguridad ciudadana y avanzar en la desarticulación de redes criminales a nivel nacional.