El expresidente, Juan Orlando Hernández, rechazó las acusaciones de haber intimidado a representantes de la Procuraduría General de la República (PGR) durante la audiencia de declaración de imputados celebrada esta semana por el caso Pandora II.
La reacción del exmandatario se produjo luego de que el procurador general, Dagoberto Aspra, denunciara presuntas amenazas contra funcionarios de esa institución.
En un comunicado, JOH describió: A la comunidad nacional e internacional, a los medios de comunicación y al pueblo hondureño en general: Ante las recientes especulaciones, desinformaciones y narrativas tendenciosas difundidas en torno a los acontecimientos ocurridos durante la audiencia celebrada el día lunes, desde mi defensa y a título personal, manifiesto y aclaramos categóricamente lo siguiente:
1. Inexistencia de amenazas: Desmentimos de forma absoluta y categórica que durante el desarrollo de la audiencia se haya proferido cualquier tipo de amenaza, intimidación o coacción en contra del señor Procurador o de cualquier otro funcionario presente. Los actos procesales se desarrollaron dentro del marco del respeto institucional y el debate propio de la defensa técnica. El audio de la referida audiencia destruye esta mentira mediática y demuestra que únicamente ejercí el derecho de manifestar, dentro del marco del respeto, la exigencia constitucional de un proceso objetivo, imparcial y apegado a la ley. Si hubiese existido la más mínima intimidación, cualquiera de las partes hubiera intervenido de inmediato por desacato o falta de respeto; pero más revelador aún es que el propio representante de la PGR en la sala jamás se dio por aludido ni reclamó una amenaza.

Reproduciré lo que expresé en la audiencia mediante el audio siguiente: 2.
2.- Respeto a la independencia judicial: Hacemos un llamado enérgico a la sensatez y a la defensa del Estado de Derecho. Alertamos a la ciudadanía sobre la injerencia de grupos con agendas oscuras y políticas de la izquierda radical que, mediante la manipulación de la verdad, buscan presionar y atacar la independencia judicial, debilitando las garantías constitucionales que asisten a todo ciudadano.
3. Garantía del debido proceso: Reafirmamos que la única vía legítima para la búsqueda de la verdad y la justicia es el estricto cumplimiento del debido proceso, la presunción de inocencia y el respeto irrestricto a las leyes. Exigimos que se detenga la polarización y el uso mediático de los procesos legales para fines ajenos a la recta administración de justicia.
4. Confiamos en que la verdad prevalecerá y reiteramos nuestro compromiso inclaudicable con la legalidad, la transparencia y el respeto a las instituciones del país.