BOGOTÁ.- En medio del grave escándalo por tráfico de influencias y celebración indebida de contratos, la Procuraduría General abrió el pasado 31 de julio una investigación disciplinaria formal contra Gabriela Muñoz Olaya, joven estudiante de derecho e influencer cercana al presidente Gustavo Petro, señalada de manejar a su antojo la Aeronáutica Civil (Aerocivil).
La decisión también cobija a varios de sus familiares, entre ellos Santiago David Muñoz Olaya, Silvana María Muñoz Jaramillo, Samuel Muñoz Rayo y Daniel Felipe Arias Olaya.
El auto, conocido en su totalidad por la revista SEMANA, busca establecer si existen méritos para iniciar un proceso formal contra la joven, quien ha aparecido en publicaciones junto al presidente Petro y durante la campaña presidencial de Iván Cepeda.
El expediente contempla seis presuntas irregularidades: la vinculación laboral de Muñoz y sus parientes, su participación en asuntos ajenos a sus funciones, su incidencia en decisiones de alto nivel, y un presunto tráfico de influencias a favor de allegados.
También se investiga la celebración y posterior modificación de un contrato suscrito con la Aerocivil que, según el documento, habría iniciado en enero de 2026 con un valor cercano a los 400 millones de pesos, cifra que posteriormente ascendió a cerca de 12.000 millones.
Como parte de las pruebas, la Procuraduría citó a rendir testimonio a Angie Rodríguez, exdirectora del Departamento Administrativo de la Presidencia (DAPRE), para que precise los fundamentos de sus señalamientos sobre la presunta injerencia de Muñoz en el manejo interno de la entidad.
El caso ha escalado en las últimas semanas: SEMANA reveló que existen cinco procesos disciplinarios activos contra Gabriela y su hermano Santiago Muñoz, mientras crecen los cuestionamientos sobre el llamado «carrusel de la contratación» en el cierre del Gobierno Petro.