El embajador de Honduras en Estados Unidos, Roberto Flores Bermúdez, encendió las alarmas entre la comunidad migrante al reconocer que las posibilidades de revertir la cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) son cada vez más reducidas, aunque todavía permanece abierta una acción judicial ante el Noveno Circuito.
El diplomático explicó que el reciente fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos, que en junio resolvió los casos Mullin v. Doe y Trump v. Miot, estableció que las cortes federales no pueden revisar las decisiones del Ejecutivo sobre la terminación del TPS, un precedente que difícilmente será ignorado por el tribunal de apelaciones.
«Si bien uno es positivo y optimista, hay momentos en los que hay que reconocer que la posibilidad de revertir una decisión final sobre el TPS es muy, muy difícil», afirmó Flores.
El embajador recordó que el programa benefició a miles de hondureños desde finales de los años noventa, muchos de los cuales formaron familias, crearon empresas y pagaron impuestos en suelo estadounidense. «Es un momento doloroso, un momento muy difícil», expresó.
Ante el complejo panorama, la Cancillería ya solicitó a Washington un período de gracia de seis meses para una salida ordenada de los tepesianos y avanza en la «Ley Especial de Facilitación del Retorno y Protección del Patrimonio de las Personas Migrantes Hondureñas», además de un programa de asistencia consular digital.
Flores insistió en que no existe una solución general, pues cada caso depende de circunstancias individuales, y llamó a evitar intermediarios que cobren por soluciones falsas.
Con 19 consulados y algunos operando con apenas una o dos personas, la red diplomática hondureña enfrenta limitaciones para atender a los cerca de 52,000 compatriotas directamente amparados, un impacto que podría extenderse a miles de familiares más.