Activos financieros incautados deberán entregarse en 30 días para reforzar entes de seguridad
La Secretaría de Finanzas (Sefin), en coordinación con la Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi), tiene un mes para transferir el dinero que haya sido incautado a organizaciones criminales y que será utilizado para reforzar la lucha contra la delincuencia.
El Decreto Legislativo 269-2026, que crea un mecanismo temporal para centralizar activos financieros incautados en la Cuenta Única del Tesoro (CUT) y transferirlos a los operadores de seguridad y justicia, ya está vigente tras ser publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 7 de noviembre bajo el número 37.289.
La Secretaría de Finanzas (Sefin), en coordinación con la Oficina Administradora de Bienes Incautados (Oabi), tiene un mes para transferir el dinero que haya sido incautado a organizaciones criminales y que será utilizado para reforzar la lucha contra la delincuencia.
El decreto, que fue aprobado por el pleno del Legislativo el pasado 5 de noviembre, refuerza la reciente reforma a la Ley de Privación de Dominio que establece que las instituciones de seguridad y justicia reciban fondos y otros bienes incautados.
El artículo 3 del decreto recién aprobado indica que los recursos que ingresen a la CUT se mantendrán identificados, a efecto de garantizar su trazabilidad, y serán distribuidos por la Sefin a las secretarías de Defensa y de Seguridad, el Ministerio Público, el Poder Judicial, la propia Oabi, la Dirección Nacional de Inteligencia e Investigación (DNII) y la Agencia Nacional Contra el Crimen (ANC).
Asimismo, establece que el Estado de Honduras garantiza la restitución a los particulares de los activos financieros traspasados o de su valor monetario equivalente, de acuerdo con el avalúo o registro existente al momento de la incautación, más los intereses o rendimientos que legalmente correspondan, según lo ordenado por los órganos jurisdiccionales competentes en cuanto a la devolución total o parcial de recursos que hubieren sido objeto de distribución anticipada.
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El decreto establece un plazo máximo de tres meses para realizar dicha restitución.
La normativa autoriza a las instituciones beneficiarias de los recursos asignados a aplicarlos a la adquisición de bienes y la contratación de obras y servicios, quedando sujetas a los mismos requisitos, controles, mecanismos, fiscalización y obligaciones de rendición de cuentas.
«Se exceptúa de ese dinero las cantidades incautadas en el caso Koriun Inversiones», específica el decreto.
