Luis Castro ordena salida de empleados de Libre antes del 31 de diciembre
El secretario privado de la Presidencia, Luis Castro, instruyó a los ministros del gabinete gubernamental a gestionar antes del 31 de diciembre la salida de los empleados vinculados al Partido Libertad y Refundación (Libre) que aún laboran en distintas instituciones del Estado. La directriz fue comunicada durante una reunión con funcionarios de gobierno, donde Castro enfatizó que el plazo establecido es improrrogable y que cada dependencia deberá garantizar que los procesos se desarrollen conforme a la ley y respetando los derechos laborales de los trabajadores. Según expuso, las desvinculaciones deben realizarse mediante acuerdos y con el pago de las prestaciones correspondientes, evitando conflictos legales que posteriormente puedan representar una carga económica para la administración pública. Durante su intervención, el funcionario pidió que las salidas se ejecuten sin confrontaciones ni actos que puedan interpretarse como maltrato hacia los empleados afectados. “Si solo es de acercarse, decirle: Ya trabajaste cuatro años. Es el turno de nosotros. Dame espacio. Aquí están tus prestaciones”, manifestó al referirse a la forma en que deberían manejarse los procedimientos. Castro también alertó sobre las consecuencias financieras derivadas de despidos mal gestionados, recordando que las instituciones públicas enfrentan riesgos de demandas laborales cuando no cumplen con las obligaciones establecidas por la legislación vigente. En ese contexto, señaló que el actual gobierno recibió compromisos financieros millonarios relacionados con litigios laborales acumulados por administraciones anteriores. De acuerdo con sus declaraciones, el 27 de enero se encontraron obligaciones por alrededor de 4,700 millones de lempiras vinculadas al pago de demandas. El funcionario sostuvo que esa experiencia debe servir de lección para evitar que el Estado continúe acumulando nuevas responsabilidades económicas, por lo que insistió en que los procesos de salida se desarrollen de manera ordenada, legal y procurando minimizar futuros conflictos judiciales para las instituciones públicas.
El secretario privado de la Presidencia, Luis Castro, instruyó a los ministros del gabinete gubernamental a gestionar antes del 31 de diciembre la salida de los empleados vinculados al Partido Libertad y Refundación (Libre) que aún laboran en distintas instituciones del Estado.
La directriz fue comunicada durante una reunión con funcionarios de gobierno, donde Castro enfatizó que el plazo establecido es improrrogable y que cada dependencia deberá garantizar que los procesos se desarrollen conforme a la ley y respetando los derechos laborales de los trabajadores.
Según expuso, las desvinculaciones deben realizarse mediante acuerdos y con el pago de las prestaciones correspondientes, evitando conflictos legales que posteriormente puedan representar una carga económica para la administración pública.
Durante su intervención, el funcionario pidió que las salidas se ejecuten sin confrontaciones ni actos que puedan interpretarse como maltrato hacia los empleados afectados.

“Si solo es de acercarse, decirle: Ya trabajaste cuatro años. Es el turno de nosotros. Dame espacio. Aquí están tus prestaciones”, manifestó al referirse a la forma en que deberían manejarse los procedimientos.
El secretario privado de la Presidencia, Luis Castro, instruyó a los ministros del gabinete gubernamental a gestionar antes del 31 de diciembre la salida de los empleados vinculados al Partido Libertad y Refundación (Libre) que aún laboran en distintas instituciones del Estado.
La directriz fue comunicada durante una reunión con funcionarios de gobierno, donde Castro enfatizó que el plazo establecido es improrrogable y que cada dependencia deberá garantizar que los procesos se desarrollen conforme a la ley y respetando los derechos laborales de los trabajadores.
Según expuso, las desvinculaciones deben realizarse mediante acuerdos y con el pago de las prestaciones correspondientes, evitando conflictos legales que posteriormente puedan representar una carga económica para la administración pública.
Durante su intervención, el funcionario pidió que las salidas se ejecuten sin confrontaciones ni actos que puedan interpretarse como maltrato hacia los empleados afectados.
“Si solo es de acercarse, decirle: Ya trabajaste cuatro años. Es el turno de nosotros. Dame espacio. Aquí están tus prestaciones”, manifestó al referirse a la forma en que deberían manejarse los procedimientos.
Castro también alertó sobre las consecuencias financieras derivadas de despidos mal gestionados, recordando que las instituciones públicas enfrentan riesgos de demandas laborales cuando no cumplen con las obligaciones establecidas por la legislación vigente.
LEA ADEMÁS: Gobierno lanza “Doble Impulso” para reducir cuotas de vivienda hasta en un 43%
En ese contexto, señaló que el actual gobierno recibió compromisos financieros millonarios relacionados con litigios laborales acumulados por administraciones anteriores.
De acuerdo con sus declaraciones, el 27 de enero se encontraron obligaciones por alrededor de 4,700 millones de lempiras vinculadas al pago de demandas.
El funcionario sostuvo que esa experiencia debe servir de lección para evitar que el Estado continúe acumulando nuevas responsabilidades económicas, por lo que insistió en que los procesos de salida se desarrollen de manera ordenada, legal y procurando minimizar futuros conflictos judiciales para las instituciones públicas.
En ese contexto, señaló que el actual gobierno recibió compromisos financieros millonarios relacionados con litigios laborales acumulados por administraciones anteriores.

De acuerdo con sus declaraciones, el 27 de enero se encontraron obligaciones por alrededor de 4,700 millones de lempiras vinculadas al pago de demandas.
El funcionario sostuvo que esa experiencia debe servir de lección para evitar que el Estado continúe acumulando nuevas responsabilidades económicas, por lo que insistió en que los procesos de salida se desarrollen de manera ordenada, legal y procurando minimizar futuros conflictos judiciales para las instituciones públicas.

