El Congreso Nacional aprobó con 88 votos a favor, la destitución del consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa, y de los magistrados del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, Lourdes Maribel Mejía y Gabriel Gutiérrez Peralta, tras un juicio político que sacudió el sistema democrático hondureño.
La decisión se tomó luego de una extensa sesión que se prolongó hasta las 11:30 de la noche, en la que se conoció el informe de 187 páginas elaborado por la Comisión Especial de Juicio Político.
El documento contenía testimonios, investigaciones y recomendaciones sobre presuntas violaciones a la Constitución y negligencia en el desempeño de sus cargos durante el proceso electoral de 2025.
La votación se realizó en dos fases: primero se destituyó a Ochoa, Mejía y Gutiérrez, quienes no comparecieron al pleno ni enviaron excusa; posteriormente, se aprobó la separación de Morazán, quien sí participó y defendió su postura durante más de 40 minutos.
La sesión estuvo marcada por protestas de la bancada de Libre, cuyos diputados se levantaron con pancartas y silbatos, denunciando lo que consideraron un proceso político irregular.
Sin embargo, el presidente del Legislativo, Tomás Zambrano, recordó que en el pasado Libre presentó 13 iniciativas de juicio político que no prosperaron por falta de votos, y subrayó que en esta ocasión se superó la mayoría calificada de 86 votos exigida por la ley.
El informe concluyó que los cuatro funcionarios incurrieron en denuncias graves, actuaciones contrarias a la Constitución y negligencia, lo que justificaba su destitución.
Además, recomendó al Congreso designar sustitutos para evitar vacíos institucionales y planteó la necesidad de una reforma profunda en las atribuciones de los órganos electorales, con el fin de prevenir futuras crisis.
La decisión marca un precedente en la aplicación del juicio político en Honduras y abre un nuevo capítulo en la discusión sobre la independencia y credibilidad de las instituciones electorales.