** 25 empresas se repartieron la fiesta de 47 contratos millonarios
** Cuadruplican el costo de tres hospitales de 1,874 a 7,674 millones de lempiras, pagaron el 70% del dinero y las obras apenas alcanzan el 25% de avance
El ministro de la Secretaría de Infraestructura y Transporte (SIT), Aníbal Ehrler, encendió las alarmas sobre uno de los escándalos de corrupción más graves heredados del gobierno anterior, al revelar que la construcción de los hospitales de Salamá, Ocotepeque y Santa Bárbara experimentó un incremento escandaloso en sus costos, pasando de 3,200 millones a 7,500 millones de lempiras, sin que ese aumento se tradujera en un avance proporcional de las obras.
Los registros de la Secretaría de Finanzas confirman que el presupuesto original sufrió cuatro ajustes sucesivos, pasando de 1,874 millones de lempiras hasta alcanzar los 7,674 millones, mientras las áreas de construcción crecían sin que la capacidad hospitalaria mostrara cambios sustanciales.
El ministro Ehrler reconoció que ya se han desembolsado 2,000 millones de lempiras entre los tres hospitales, a los que se suman 220 millones de lempiras en compromisos pendientes que la actual administración debe asumir, elevando el total comprometido a 2,220 millones de lempiras.
Lo más alarmante es que ese monto no representa ni el 30 por ciento del avance real de las obras.
«Todavía nos falta el 60 o 70 por ciento de avance para poder terminar la obra con el dinero que se solicitó originalmente», reconoció el funcionario.
El 5 de mayo de 2026, el Juzgado de Letras Penal en Criminalidad Organizada y Corrupción ordenó la suspensión inmediata de las obras y el congelamiento de pagos en los tres hospitales, mientras avanzan las investigaciones por presuntos delitos contra la administración pública y posibles afectaciones al patrimonio del Estado.
El Tribunal Superior de Cuentas inició la auditoría forense y concurrente de 47 contratos vinculados a los tres proyectos hospitalarios, analizando más de 29,500 folios de documentación contractual para determinar su legalidad y cumplimiento.
Investigaciones revelaron que la SIT repartió los contratos entre 25 empresas distintas, con modificaciones contractuales realizadas mientras las obras estaban en marcha, incrementos presupuestarios injustificados y graves discrepancias entre los montos pagados y el avance físico reportado, siendo este inferior al 25 por ciento en Santa Bárbara y Salamá pese a que ya se había comprometido más del 70 por ciento de los fondos.
El presidente Nasry Asfura confirmó que las obras no se reanudarán hasta que el Ministerio Público y el TSC emitan un veredicto final, mientras miles de pacientes de estas regiones continúan esperando los centros hospitalarios que les fueron prometidos.