El presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Wagner Vallecillo, ordenó una exhaustiva auditoría a la flotilla vehicular asignada a la expresidenta del Poder Judicial, Rebeca Ráquel Obando, en medio de crecientes señalamientos por el presunto uso irregular de recursos públicos.
La medida incluye la comparecencia de 28 conductores y la revisión de igual número de vehículos que habrían estado bajo su asignación durante su gestión.
El objetivo es esclarecer el destino, uso y posibles responsabilidades administrativas relacionadas con estos bienes estatales.
Fuentes judiciales revelaron que Obando habría mantenido además a su disposición una flotilla paralela de al menos 35 vehículos blindados y de alta gama, presuntamente utilizados para fines personales y de su entorno familiar. Estos señalamientos han generado preocupación en distintos sectores, que demandan transparencia y rendición de cuentas en el manejo de los recursos del Poder Judicial.
La auditoría se enmarca en las acciones de control interno impulsadas por la nueva administración de la CSJ, que busca garantizar un manejo responsable de los bienes institucionales y evitar prácticas que puedan derivar en actos de corrupción.
Vallecillo enfatizó que el proceso será riguroso y que se aplicarán las sanciones correspondientes en caso de comprobarse irregularidades.
El caso ha despertado un amplio debate público sobre el uso de vehículos oficiales en las instituciones del Estado, donde históricamente se han denunciado abusos y privilegios que contrastan con las limitaciones presupuestarias que enfrenta el sistema judicial.
Organizaciones de sociedad civil han solicitado que la investigación se extienda a otras dependencias, con el fin de establecer un precedente que refuerce la transparencia y la confianza ciudadana en las autoridades.
La CSJ reiteró su compromiso de actuar con imparcialidad y firmeza, asegurando que la auditoría será un paso clave para fortalecer la institucionalidad y garantizar que los recursos públicos se utilicen exclusivamente en beneficio de la administración de justicia.