El presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, defendió el proceso de juicio político que derivó en la destitución de funcionarios y aseguró que la actuación del Legislativo se realizó conforme a la Constitución de la República.
El Congreso Nacional destituyó de sus cargos al exfiscal general Johel Zelaya y al exmagistrado del Tribunal de Justicia Electoral (TJE), Mario Morazán, luego de un proceso de juicio político. Además, se separó del cargo al exconsejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), Marlon Ochoa.
Zambrano cuestionó los reclamos del Partido Libertad y Refundación sobre una supuesta persecución política, apuntando que durante su administración también se promovieron juicios políticos. «La izquierda presentó juicios políticos cuando fueron gobierno, por más de 15 juicios políticos. Nunca tuvieron los votos. Hoy ya teníamos los votos, y fueron destituidos los que abusaron de la ley», expresó.
El titular del Legislativo agregó que, a su criterio, los funcionarios fueron removidos por presuntos abusos de poder y acciones que afectaron el proceso democrático del país.
Por otro lado, confirmó la decisión de enviar documentación y pruebas por escrito ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), en lugar de una representación presencial, indicando que el Congreso puede remitir la información documental ya que lo que se desarrolla no es un juicio, sino una denuncia ante el organismo. Aún se espera la determinación oficial sobre el rol que asumirán el Congreso y la Procuraduría General en la defensa.
Zambrano sostuvo que el proceso respetó garantías como la presunción de inocencia y el derecho a la defensa, y recordó que los destituidos pueden acudir a la Corte Suprema de Justicia mediante recursos de amparo, al no existir vulneración del ordenamiento jurídico.
Sobre la reforma al sistema eléctrico, el congresista aseguró que todavía buscan consensos con la bancada del Partido Liberal y espera recibir su propuesta para avanzar con la aprobación de la iniciativa, advirtiendo que mientras no se aprueben cambios en la legislación, el Estado y la población continuarán enfrentando las pérdidas financieras de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE).
«El tema de la ENEE es tema de todos, se garantiza que no se va a privatizar; lo que se busca es modernizar, que existan menos pérdidas, un mejor servicio y un precio más accesible al pueblo», afirmó.