Comisión Liquidadora señala el “piñatón” de las Cajas Rurales
El informe detalla que fueron desembolsados 184.7 millones de lempiras; sin embargo, las autoridades identificaron una diferencia de 45.7 millones de lempiras entre los recursos transferidos y los montos efectivamente reportados como ejecutados.
La Comisión Liquidadora del Gobierno reveló en un informe remitido al Ministerio Público una serie de presuntas irregularidades relacionadas con recursos públicos transferidos a cajas rurales de ahorro y crédito, señalando inconsistencias financieras y deficiencias documentales que ahora serán objeto de investigación.
De acuerdo con la información presentada por la comisión, entre abril de 2023 y enero de 2026 se realizaron ocho operaciones de transferencia de fondos a través del Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (Banadesa), destinadas a fortalecer el funcionamiento de 316 cajas rurales de ahorro y crédito en distintas zonas del país.
El informe detalla que fueron desembolsados 184.7 millones de lempiras; sin embargo, las autoridades identificaron una diferencia de 45.7 millones de lempiras entre los recursos transferidos y los montos efectivamente reportados como ejecutados.
Asimismo, se señala que un remanente de 17 millones de lempiras reportado por las instancias involucradas no logra justificar la totalidad de la diferencia detectada durante la revisión financiera, dejando una brecha significativa pendiente de aclaración.
Entre los principales hallazgos expuestos por la Comisión Liquidadora figuran expedientes incompletos y la falta de documentación considerada esencial para respaldar las operaciones.
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Según el informe, en varios casos no se encontraron convenios, pagarés ni conciliaciones bancarias que permitieran verificar adecuadamente el destino de los recursos públicos transferidos.
Las autoridades consideran que estas inconsistencias podrían representar posibles irregularidades administrativas y financieras que requieren una investigación más profunda por parte de los organismos competentes.
El informe ya fue remitido al Ministerio Público para que se realicen las diligencias correspondientes y se determine si existen responsabilidades individuales o institucionales en el manejo de los fondos.
La Comisión Liquidadora reiteró que su labor consiste en identificar posibles actos que hayan afectado el patrimonio estatal y trasladar la información a las autoridades encargadas de la investigación penal, con el objetivo de garantizar transparencia y rendición de cuentas en el uso de los recursos públicos destinados a programas de desarrollo comunitario y financiero.
