TSC pone bajo la lupa más de 3,600 plazas otorgadas en Educación
*** En Santa Bárbara la feria de acuerdos en las escuelas fue gigante
El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) anunció la apertura de una investigación sobre la distribución de plazas en la Secretaría de Educación durante la pasada administración gubernamental, tras surgir cuestionamientos relacionados con posibles irregularidades en los procesos de contratación y el uso de recursos públicos.
La medida surge luego de la divulgación de un informe que analiza la asignación de 3,664 acuerdos de nombramiento emitidos entre febrero de 2022 y enero de 2026.
Según confirmó el presidente del TSC, Ricardo Alfredo Montes Nájera, el organismo realizará las investigaciones correspondientes para determinar si existen responsabilidades administrativas, civiles o penales vinculadas a estos procesos.
De acuerdo con los datos divulgados, la mayoría de los nombramientos se produjo durante la gestión del exministro de Educación, Daniel Sponda.
Asimismo, se señala que 1,964 acuerdos, equivalentes al 54 % del total, fueron concentrados en Francisco Morazán, Santa Bárbara y el nivel central de la institución.
El informe también revela que 2,215 plazas, que representan el 61 % de los nombramientos, correspondieron a cargos de conserjes, guardias de seguridad y oficinistas.
Entre los puntos que generan interrogantes figura el caso de Santa Bárbara, departamento que recibió 636 acuerdos de nombramiento pese a ubicarse en el octavo lugar nacional en matrícula escolar.
Otro aspecto destacado es el crecimiento sostenido de las contrataciones durante el período analizado.
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Mientras en 2022 se registraron 393 nombramientos, la cifra ascendió a 1,295 en 2024, convirtiéndose en el año con mayor cantidad de acuerdos aprobados.
La investigación también menciona cuestionamientos relacionados con pagos efectuados al diputado y dirigente magisterial Edgardo Casaña, debido a la supuesta ausencia de documentación que acreditara el cumplimiento de determinadas funciones asociadas a cargos en el sistema educativo.
Ahora corresponderá al TSC revisar la documentación, verificar la legalidad de los procedimientos y establecer si existió un uso irregular de fondos estatales. En caso de identificar indicios de delitos, los expedientes serán remitidos a las autoridades competentes para las acciones legales correspondientes.
