NUEVA YORK. – Una jueza federal anuló la política de la Administración Trump que suspendía la emisión de visas de inmigrante a solicitantes de 75 países, al considerar que la medida excedía la autoridad legal del secretario de Estado, Marco Rubio.
La jueza federal de distrito Jeannette Vargas, con sede en Manhattan, determinó que la política anunciada por el Departamento de Estado en enero era claramente ilegal, pues contravenía la ley federal de inmigración, la cual retira explícitamente al secretario de Estado la facultad de intervenir en el procesamiento de visas que realizan los funcionarios consulares.
La suspensión, que entró en vigor en enero, afectó a solicitantes de países latinoamericanos —entre ellos Brasil, Colombia y Uruguay—, así como de naciones balcánicas, del sur de Asia, África, Oriente Medio y el Caribe. El Departamento de Estado había justificado la medida argumentando que los solicitantes de esos países representaban un alto riesgo de convertirse en una carga pública para el gobierno estadounidense.
El fallo, emitido en respuesta a una demanda presentada por organizaciones defensoras de inmigrantes junto a solicitantes de visa y ciudadanos estadounidenses con familiares afectados, también revoca cualquier denegación de visa basada exclusivamente en dicha política, lo que podría obligar a revisar miles de solicitudes rechazadas previamente.
Entre los demandantes figuraban ciudadanos estadounidenses cuyos parientes en Ghana, Jamaica, Guatemala y Etiopía no pudieron obtener visado, así como varios profesionales colombianos cuyas solicitudes fueron rechazadas citando la nueva política. La jueza Vargas precisó que un fallo previo de la Corte Suprema de 2018, que respaldó un veto migratorio de Trump, se refería a la entrada al país y no a la emisión de visados, por lo que no resultaba aplicable a este caso.
Organizaciones como el National Immigration Law Center celebraron la decisión como una victoria para las familias afectadas por la prohibición.