RIGORES, Trujillo. – Al menos 14 personas fueron ejecutadas en la comunidad de Rigores, del municipio de Trujillo, en el departamento de Colón, en uno de los hechos de violencia más cruentos registrados este año en Honduras.
El múltiple crimen ocurrió en la Finca Paso Aguán, cuando los trabajadores acababan de terminar su jornada diaria en la plantación de palma africana.
Los cuerpos quedaron tendidos en el patio y al interior de una iglesia, donde las víctimas, todas campesinas y trabajadoras de la finca, se encontraban reunidas. Entre los fallecidos hay al menos tres mujeres.
Extraoficialmente se identificó a tres hermanas: Mirian, Mirza y Lina Rodríguez, mientras el resto de las víctimas aún no han sido identificadas.
La Policía Nacional confirmó el inicio de investigaciones formales. El subcomisionado Carlos Eduardo Rojas, subjefe de la Región Policial No. 8 en Colón, aseguró que equipos de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI) ya trabajan en el esclarecimiento del caso.
«Vamos a empezar a hacer todos los procedimientos de las diligencias respectivas conforme a DPI y vamos a dar un dato oficial a los medios de comunicación y a la población en general», declaró el oficial.
Las autoridades también desmintieron señalamientos difundidos en redes sociales sobre una supuesta participación policial.
Versiones de vecinos indicaban que personas vestidas de policías habrían llegado a atacar a los trabajadores cuando se concentraban para el pase de lista antes de iniciar labores.
«La Policía no ha sido, la Policía no ha levantado cuerpos en el sector», respondió categóricamente el subcomisionado Rojas.
El Bajo Aguán arrastra un conflicto agrario por la disputa de tierras que ha cobrado la vida de centenares de personas en los últimos años, con invasiones de fincas de palma africana que se han vuelto recurrentes y ante las cuales el gobierno no ha logrado encontrar una solución.
La directora del Observatorio Nacional de la Violencia de la UNAH, Migdonia Ayestas, calificó el hecho de «lamentable» y advirtió que envía un mensaje directo de inseguridad a nivel nacional, tanto en el área urbana como rural.
Ayestas exigió la conformación de un equipo interinstitucional con participación de la ATIC y la DPI para una investigación exhaustiva. Esta masacre se convierte en la undécima registrada en Honduras en lo que va de 2025, la de mayor número de víctimas.