La violencia causó el desplazamiento forzado de 942 personas en Honduras en 2021, informó el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), que abogó por la aprobación de una ley para atender a los desplazados.
La Unidad de Desplazamiento Forzado Interno del Conadeh atendió el año pasado 917 quejas de 2,529 personas, de las que 942 (37%) fueron víctimas de desplazamiento forzado y 1,587 (63%) están en riesgo de desplazarse, indicó el organismo en un informe presentado en Tegucigalpa.
“En algunos casos las víctimas tuvieron que salir del país en busca de protección internacional”, señaló el Conadeh, que precisó que las mujeres, la niñez, los adultos mayores, pueblos indígenas y afrohondureños, personas de la comunidad LGTBI, defensores de derechos humanos y personas con discapacidad física, son los grupos más afectados por el desplazamiento forzado.
ASESINATOS
El texto añade, además, que muchos de los desplazados son familias completas y según sus testimonios, están huyendo por amenazas de muerte (56.1%), asesinatos de familiares (14.4%), extorsión (10.6%), tentativa de homicidio (5.9%), violencia de género (4.3%) y el reclutamiento forzoso de niños y adolescentes por bandas del crimen organizado (2.7%).
El 57% de las denuncias presentadas ante el Conadeh fueron interpuestas por hombres por situaciones de riesgo asociadas a su ocupación y el 43% por mujeres víctimas de violencia de género y por el reclutamiento forzado de sus hijos.
Francisco Morazán, Cortés, Atlántida y Choluteca, centro, Caribe y sur del país, fueron los departamentos que más quejas relacionadas al riesgo o desplazamiento forzado registraron en 2021, señaló el organismo, que detalló que personas desconocidas y las “maras” o pandillas son los principales causantes de ese fenómeno social.
TRABAJO CONJUNTO
El Conadeh pidió a la Comisión Interinstitucional para la Protección de las Personas Desplazadas por la Violencia orientar el diseño de mecanismos para prevenir las causas que generan el desplazamiento, atención y protección de las víctimas, y programas para lograr soluciones duraderas. También solicitó al Estado hondureño y la cooperación internacional “trabajar conjuntamente” para fortalecer los programas de prevención de la violencia en el país, desde un enfoque de protección apegado al pleno respeto de los derechos humanos.