Un juez de la corte suprema de Brasil amenazó este miércoles con suspender la aplicación de mensajería Telegram si no elimina en el plazo de “una hora” un mensaje enviado a sus usuarios en el que afirma que un proyecto de ley para regular las plataformas daría al gobierno poder de “censura”.
El mensaje “supone una flagrante e ilícita desinformación”, escribió el juez del Supremo Tribunal Federal Alexandre de Moraes, quien determinó la suspensión de los servicios de la aplicación por 72 horas y una multa en caso de incumplimiento.
Telegram había enviado un mensaje a sus usuarios el martes, advirtiendo que “Brasil está próximo a aprobar una ley que acabará con la libertad de expresión”.
Según el comunicado, el proyecto “da al gobierno poderes de censura sin supervisión judicial previa” y por ello, es “una de las legislaciones más peligrosas contempladas en Brasil”, contraria a los derechos humanos fundamentales, indica el texto.
La queja de Telegram se suma a publicaciones de Google hace una semana en su sitio, en las que advertía que la legislación podía “empeorar” internet y “aumentar la confusión sobre lo que es verdadero o falso en Brasil”.
El magistrado Moraes determinó que además, de borrar el mensaje, Telegram lo sustituya por otro admitiendo que la empresa actuó “fraudulentamente, al distorsionar” el debate sobre el proyecto de ley.
Ese proyecto se presentó hace tres años, como un esfuerzo para lidiar con la avalancha de desinformación en línea, y ya cuenta con la aprobación del Senado.
Pero cobró notoriedad recientemente, después de que los partidarios del expresidente Jair Bolsonaro invadieran las sedes de los tres poderes en Brasilia el 8 de enero, supuestamente incitados por la desinformación en las redes, que afirmaban que Lula había derrotado de manera fraudulenta al ultraderechista en las urnas en octubre de 2022.
El pasado 27 de abril, la justicia ya ordenó la suspensión de Telegram por no entregar a las autoridades datos solicitados sobre grupos neonazis que supuestamente actúan en la plataforma, en el marco de una investigación relacionada con la violencia en escuelas del país.
Dos días después, el fallo fue revertido por un juez de segunda instancia, quien consideró que la decisión no era razonable.