La designada presidencial electa, María Antonieta Mejía, confirmó que el nuevo gobierno ya tiene definidos los nombres de quienes integrarán las secretarías y dependencias del Poder Ejecutivo.
Enfatizó que ningún diputado electo asumirá cargos en la administración pública, pues su responsabilidad será exclusivamente legislativa, tal como lo mandató el pueblo hondureño en las elecciones generales del 30 de noviembre de 2025.
Mejía subrayó la importancia de respetar la separación de poderes y garantizar que los diputados propietarios se concentren en su labor parlamentaria.
El Congreso Nacional iniciará funciones el 25 de enero de 2026, en un contexto político cargado de expectativas y tensiones.
Uno de los principales retos será la aplicación de un juicio político contra el fiscal general Johel Zelaya, acusado de responder a intereses particulares de la familia Zelaya y de actuar de forma cuestionada durante el proceso postelectoral. Este anuncio marca un punto de inflexión en la agenda legislativa, pues se trata de un procedimiento que podría redefinir la institucionalidad del país.
La transición hacia la nueva administración, encabezada por el presidente electo Nasry Asfura, ha estado marcada por dificultades. Mejía denunció que no se ha dado un proceso formal de transición con el gobierno saliente de Xiomara Castro, pese a las solicitudes realizadas. Esta falta de cooperación, según la funcionaria, refleja la crisis institucional que atraviesa Honduras y obliga al nuevo gobierno a asumir con mayor responsabilidad los desafíos en materia económica, social y política.
Además, Mejía adelantó que el gobierno de Asfura revisará los 16 convenios suscritos con China, calificados como “aberrantes” por su carácter asimétrico y desfavorable para la economía hondureña. La revisión de estos acuerdos será parte de una política de austeridad y responsabilidad institucional, que marcará la gestión a partir del 27 de enero de 2026, fecha en que Asfura asumirá la presidencia.
Con estas declaraciones, Mejía delineó un panorama de austeridad, transparencia y fortalecimiento institucional, en el que el Congreso Nacional tendrá un papel decisivo para garantizar la gobernabilidad y responder a las demandas ciudadanas.