En los 18 meses posteriores a ser diagnosticada con la reaparición de un cáncer de ovarios que creía haber superado hace 20 años, Francine Milano viajó dos veces desde su casa de Pennsylvania a Vermont. No fue a esquiar, ni a hacer senderismo, ni a disfrutar del paisaje, sino a organizar su muerte.
“Quería tener el control sobre cómo iba a dejar este mundo”, dijo la mujer de 61 años que vive en Lancaster. “Decidí que era algo que yo podía elegir”.
Apelar a la asistencia médica para morir no era una opción cuando Milano supo, a principios de 2023, que su enfermedad era incurable. En ese momento, habría tenido que viajar a Suiza, o vivir en el Distrito de Columbia o en uno de los 10 estados donde la muerte asistida era legal.
Pero Vermont eliminó su requisito de residencia en mayo de 2023, seguido de Oregon dos meses después. (Montana permite la muerte asistida en virtud de una decisión judicial de 2009, pero ese fallo no establece normas sobre la residencia. Y aunque Nueva York y California consideraron recientemente una legislación que permitiría a los residentes fuera del estado acceder a la ayuda médica para morir, ninguna de las dos disposiciones fue aprobada).
A pesar de las limitadas opciones y los desafíos —como encontrar médicos en un nuevo estado, decidir dónde morir y viajar cuando se está demasiado enfermo para caminar hasta el dormitorio o para subirse a un coche— docenas de personas han hecho el viaje a los dos estados que han abierto sus puertas a los enfermos terminales no residentes que buscan ayuda para morir.
Al menos 26 personas han viajado a Vermont para morir, lo que representa casi el 25% de las muertes asistidas registradas en el estado desde mayo de 2023 hasta junio de 2024, según el Departamento de Salud de Vermont. En Oregon, 23 residentes de fuera del estado murieron utilizando asistencia médica en 2023, algo más del 6% del total del estado, según la Autoridad de Salud de Oregon.
El oncólogo Charles Blanke, cuya clínica en Portland se especializa en la atención al final de la vida, señaló que el total de Oregon es probablemente el resultado de un recuento inexacto y espera que las cifras aumenten. En el último año, dijo, ha atendido de dos a cuatro pacientes de fuera del estado a la semana —aproximadamente una cuarta parte de su consulta— y ha recibido llamadas de todo el país, incluyendo Nueva York, las Carolinas, Florida y “toneladas de Texas”. Pero que los pacientes estén dispuestos a viajar no significa que sea fácil ni que obtengan el resultado deseado.
“La ley es muy estricta sobre lo que hay que hacer”, afirmó Blanke.
Como en otros estados que permiten lo que algunos llaman muerte asistida por un médico o suicidio asistido, Oregon y Vermont exigen que los pacientes sean evaluados por dos médicos. Los pacientes deben tener menos de seis meses de vida, estar mental y cognitivamente sanos, y ser físicamente capaces de tomar los fármacos para poner fin a sus vidas.
Los historiales deben revisarse en el estado; no hacerlo constituye ejercer la medicina fuera del estado, lo que infringe los requisitos para obtener la licencia médica. Por la misma razón, los pacientes deben estar en el estado para el examen inicial, cuando solicitan los fármacos y cuando los toman.
Las legislaturas estatales imponen esas restricciones como salvaguardias, para equilibrar los derechos de los pacientes que solicitan ayuda para morir con el imperativo legislativo de no aprobar leyes que puedan perjudicar a las personas, explicó Peg Sandeen, CEO del grupo Death With Dignity (Muerte Digna). Sin embargo, al igual que muchos defensores de la muerte asistida, Sandeen afirma que estas normas suponen una carga excesiva para las personas que ya están sufriendo.
(Tomado de kffhealthnews.org)