Hospital Escuela está enfermo

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La ineficiencia en la gestión presupuestaria de la Secretaría de Salud (Sesal), tiene un gran impacto en la vida de los pacientes, trabajo del personal de salud, y debilitamiento de la respuesta oportuna en los hospitales y centros de salud públicos, detalla un informe de la Asociación para una Sociedad más Justa (ASJ).

A pesar de que el Gobierno declaró estado de emergencia sanitaria desde 2022 para agilizar la compra de medicamentos y garantizar el abastecimiento, la Sesal redujo en octubre de este año 429 millones de lempiras del presupuesto, destinado a la adquisición de productos farmacéuticos y medicinales, se señala en el informe.

Esta falta de ejecución limita el acceso de medicamentos e insumos necesarios para brindar atención de calidad a los usuarios, la más perjudicada es la población más pobre, cuya única alternativa de atención médica es acudir a los centros asistenciales del sistema público, se resalta en la investigación.

ASJ recuerda, que, en septiembre pasado, el 36 % de los pacientes del sistema de salud pública no tiene un ingreso mensual y 29 % tiene un ingreso menor o igual 6 mil lempiras.

La consulta, efectuada en establecimientos de salud pública de 12 departamentos del país, destaca que 21 % de los pacientes (equivalente a 1.8 millones) mencionaron recibir los medicamentos incompletos o ninguno, y 22 % (equivalente a 1.9 millones) expresó que debió pagar por ellos en el establecimiento de salud.

Por otro lado, el 6 % de los pacientes (equivalente a 534 mil 202) indicó que compró materiales para recibir un procedimiento médico, entre ellos: gasas de algodón, hilo para sutura, batas y mascarillas descartables, agua oxigenada, alcohol, jeringa, algodón, aguja, catéter o hisopos.

Por su parte, 59 % del personal médico y de enfermería mencionó no contar con todos los insumos para hacer su trabajo y 43 % del personal médico y enfermería expresó que compró insumos médicos para hacer su trabajo.

Ante estos hallazgos, ASJ recomendó poner fin al estado de emergencia sanitaria y garantizar que la compra de medicamentos se realice a través de licitaciones públicas transparentes y oportunas. Además, instó a prohibir la reducción del presupuesto destinado a medicamentos y a mejorar la planificación y ejecución presupuestaria, ya que la falta de recursos y una gestión ineficiente vulneran el derecho humano a la vida y el derecho de la población hondureña a recibir atención médica gratuita y de calidad.