El titular de la Secretaría de Salud (Sesal), José Manuel Matheu, dijo que la pastilla anticonceptiva de emergencia (PAE), será aprobada solamente para casos de violación.
Aunque la píldora se distribuye en Honduras de forma ilegal, el gobierno planea cambiar el estatus de la pastilla, para algunos casos en específico.
“La PAE vamos a ponerla para las víctimas de violación porque no es un método anticonceptivo. Estamos esperando que salga de la unidad normativa para firmarlo”, manifestó Matheu.
Señaló que muchas jóvenes han fallecido por embarazos a temprana edad, por lo que la PAE vendrá a ayudar un poco cuando se den los casos.
“Vamos a seguir dando los pasos que hay que dar. Yo no puedo voltear la cara hacia otro lado y ver que están muriéndome niñas de diez años por embarazo. No puedo hacerme el tonto y no saber que me las están violando desde que están en la casa”, indicó.
Mientras que la Organización de las Naciones Unidas pidió a Honduras que deje de criminalizar el aborto y asegure la distribución de anticonceptivos de emergencia entre su población.
El Comité de la ONU para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés) emitió sus conclusiones tras revisar la situación de los derechos de la mujer en ocho países del mundo, entre ellos Honduras, y expresó preocupación por las “restricciones” a los derechos de salud reproductiva existentes en la nación centroamericana.
En un informe de 16 páginas el Comité dijo que la mortalidad entre mujeres que dan a luz ha bajado en Honduras, pero destacó que la criminalización del aborto sin excepciones en el país resulta “en un alto número de mujeres y niñas que buscan abortos que no son seguros.” También criticó la prohibición de la “promoción, uso, venta y compra de anticonceptivos de emergencia, incluido cuando el embarazo es resultado de violación o incesto”.
El Comité indicó en su informe preocupación por el “alarmante alto porcentaje” de mujeres que dan positivo al virus del papiloma humano (VPH) y al acceso “limitado” para mujeres y niñas a información sexual y reproductiva.
Por otro lado, la ONU destacó en su informe que Honduras registró en 2019 la tasa más alta de feminicidios en Latinoamérica y denunció los altos niveles de violencia por motivos de género en el país, incluida la violencia sexual.
Países como El Salvador, Nicaragua, Honduras y República Dominicana prohíben el aborto sin excepciones y lo castigan con la cárcel. El año pasado el Poder Legislativo de Honduras aprobó una reforma constitucional mediante la cual se impide legalizar el aborto.
En su informe, la ONU pidió a Honduras que legalice el aborto “al menos en casos de violación, incesto, riesgo a la vida de la mujer embarazada y discapacidad fetal severa y que lo descriminalice en todo el resto de casos y asegure que las niñas y las mujeres tengan acceso al aborto y a servicios post-aborto de forma segura”.