La designada presidencial electa de Honduras, María Antonieta Mejía, lanzó una dura advertencia contra el fiscal general Johel Zelaya, al señalar que sus actuaciones comprometen la credibilidad del Ministerio Público y podrían derivar en un juicio político.
“Quien entra por la puerta de atrás, por la puerta de atrás va a salir”, expresó Mejía, subrayando que las acciones del titular del ente acusador hablan más que cualquier narrativa.
La vicepresidenta electa sostuvo que existen señalamientos graves sobre la conducta del fiscal, especialmente por lo que calificó como una instrumentalización de la justicia. Mejía denunció que el Ministerio Público ha avalado un discurso de fraude electoral y ha ejercido presión contra las consejeras del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López y Ana Paola Hall, quienes defendieron la transparencia del proceso electoral del 30 de noviembre de 2025.
El posible juicio político contra Zelaya se enmarca en un contexto de creciente tensión institucional.
Diversos sectores han cuestionado el actuar selectivo del Ministerio Público en casos de alto impacto nacional, acusándolo de perseguir a opositores mientras mantiene silencio frente a denuncias de corrupción en otras instancias. Mejía enfatizó que la Constitución establece el juicio político como un mecanismo legítimo para sancionar a funcionarios que comprometen la institucionalidad.
La advertencia también refleja la postura del nuevo gobierno, encabezado por el presidente electo Nasry Tito Asfura, que ha prometido fortalecer la independencia de los poderes del Estado y garantizar que la justicia no sea utilizada como herramienta política.
Analistas señalan que, de prosperar, un juicio político contra el fiscal general marcaría un precedente histórico en Honduras, pues nunca antes se ha aplicado este mecanismo contra un titular del Ministerio Público.
La discusión sobre el futuro de Johel Zelaya se trasladará al Congreso Nacional, donde las bancadas deberán decidir si existen méritos suficientes para iniciar el proceso. Mientras tanto, la ciudadanía observa con expectativa un debate que podría redefinir el equilibrio institucional del país.