El ambiente político en Honduras se ha encendido tras las declaraciones del presidente de la bancada del Partido Nacional, Tomás Zambrano, quien denunció públicamente un supuesto autogolpe de Estado promovido desde el Congreso Nacional y respaldado por la presidenta Xiomara Castro.
Según Zambrano, se estaría configurando un delito de traición a la patria, al sancionar y publicar un acto considerado ilegal y carente de atribuciones constitucionales.
El señalamiento apunta directamente al titular del Congreso, Luis Redondo, a quien se acusa de impulsar maniobras que pretenden manipular el proceso electoral y trasladar material electoral al Legislativo, debilitando la independencia del Consejo Nacional Electoral (CNE).
Para Zambrano, estas acciones representan un abuso de poder y un uso indebido del aparato estatal por parte del partido LIBRE, con el objetivo de alterar la voluntad popular expresada en las urnas.
“A menos de 17 días, buscan consumar un atentado contra la democracia”, advirtió el líder opositor, subrayando que ninguna institución puede acatar órdenes ilegales. En ese sentido, hizo un llamado a las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional y el Ministerio Público para que actúen conforme a la Constitución de la República y garanticen la estabilidad institucional.
El Partido Nacional sostiene que Honduras ya cuenta con un Presidente, diputados y alcaldes electos, por lo que cualquier intento de modificar los resultados sería un golpe directo contra la soberanía popular.
La denuncia ha generado preocupación en diversos sectores, que temen una crisis de gobernabilidad y un deterioro de la confianza ciudadana en las instituciones.
Analistas advierten que este tipo de confrontaciones políticas puede tener repercusiones económicas y sociales, mientras la comunidad internacional observa con atención el desarrollo de los acontecimientos.
Organismos defensores de derechos humanos han instado a preservar la paz y el respeto al marco legal, recordando que la democracia hondureña solo puede sostenerse en la defensa irrestricta de la Constitución.