Las autoridades de la Comisión Interventora del Sistema Penitenciario Nacional (SIPENA), brindaron un informe detallado sobre las muertes registradas recientemente en los diferentes centros penitenciarios del país.
En tal sentido, el presidente de la Interventora coronel de Infantería, Ramiro Fernando Muñoz Bonilla, reveló, que dos de los tres decesos fueron homicidios uno envenenado, el otro asfixiado y el caso de la fémina continua en proceso de investigación.
Muñoz Bonilla continuó que el primer caso se trata de una Persona Privada de Libertad del Centro Penitenciario Nacional de Támara (CPNT), a quien sus compañeros de Módulo de Casa Blanca reportaron que había fallecido por una sobredosis de medicamentos.
Específicamente, se trata de la muerte del privado de libertad Mario Alexander Carranza Hernández o Eduardo José Matute Girón (24), encontrado sin vida por otros internos del módulo 17 en el módulo sitio donde estaba asignado.
“A las 15:45 reportan que el privado de libertad está intoxicado en el módulo de Casa Blanca, en el cual hay 1,341 internos, luego los doctores vienen, le hacen evaluación y ya no presentaba signos vitales, en ese momento pusimos a disposición todos los recursos, para que el Ministerio Público investigara las causas”, indicó.
Al mismo tiempo afirmó que desde que se dio el hecho, comenzaron las investigaciones, Mario Alexander Carranza Hernández no murió de un suicido, sino que fue de un homicidio, nosotros tenemos identificados a los supuestos responsables de estos casos.
En ese momento el jerarca militar mostró mediante una presentación que puso a la vista de la prensa los presuntos hechores: como hechor intelectual identifican a Nelsy Velásquez y los supuestos hechores materiales a Luis Antonio Colindres y Brayan Raúl Gutiérrez Montoya.
Carranza Hernández era originario de San Pedro Sula, fue detenido en la colonia Villa Florencia de la zona norte, el pasado 29 de octubre del 2019, por los delitos de robo agravado continuado en su grado de ejecución de tentativa, portación ilegal de armas de uso comercial y usurpación de identidad, actualmente cumplía una condena de seis años cuatro meses de prisión.
El también director del Instituto Nacional Penitenciario (INP) y de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), remarcó que ya se identificó al actor intelectual y a las personas que obligaron al ahora fallecido a tomar los medicamentos y se cuenta con testigos protegidos que presenciaron la acción.
MUERTA EN EL BUSITO DEL INP
En relación, al fallecimiento de una Mujer Privada de Libertad Juana Elicia Orellana Benitez (30), registrado al interior de un busito del INP, ocurrido en Copán, el pasado 28 de Mayo del año en curso, Muñoz indicó que ella compareció en audiencia en los Juzgados y que la llevaban de regreso al Centro Penitenciario de Gracias, Lempira, altura de San Juan de Opoa, pero que, en el trayecto, escucharon un ruido en la parte trasera del busito, por lo que se detuvo la marcha y al abrir la compuerta la persona estaba ahorcada.
De manera preliminar se informó que la fémina se había ahorcado, sin embargo, en aras de transparentar el proceso investigativo, se pudo a disposición del Ministerio Público y de la Dirección Policial de Investigaciones (DPI), a un miembro de la Policía Militar del Orden Público (PMOP) y, dos agentes penitenciarios, entre ellos, una femenina y el vehículo para que se puedan realizar las diligencias que correspondan.
Orellana Benítez quien fue detenida el pasado viernes 24 de mayo en la aldea Monqueta por suponerla responsable del delito de maltrato familiar agravado en perjuicio de José Marcos Orellana Hernández y una menor de edad.
La privada de libertad era originaria de La Campa, estaba acusada de golpear a su pareja con un leño y de quemar con aceite a su hija de 11 años.
“Si no han detenido a nadie hasta ahorita, es por alguna razón, porque no han hallado al culpable, pero como Instituto Penitenciario pusimos a disposición a las personas responsables de este hecho, serán las autoridades las que se encargaran de decir si son culpables o si realmente se dio un suicidio”, sostuvo.
JEFE DE SICARIOS ASESINADO
También se refirió, a la muerte registrada en el Centro Penitenciario de Ilama, Santa Bárbara, del privado de libertad Erick David Macías alias “El Licenciado” quien había sido declarado culpable el pasado 16 de mayo de este año por el delito de encubrimiento de asesinato de Said Omar Lobo Bonilla (hijo de Porfirio Lobo), José Salomón Vásquez Chávez (sobrino del diputado Walter Chávez), Norlan Enrique Rivera Rodríguez (motorista de Said Lobo) y Luis Armando Zelaya Rivera (sobrino político de Romeo Vásquez).
Asimismo, se le dictó un fallo condenatorio por el delito de asociación para delinquir por su condición de miembro de la Mara Salvatrucha (MS-13), a quien la fiscalía también tenía identificado de ser uno de los jefes de sicarios de la estructura criminal en mención.
Esta muerte, explicó el jerarca ocurrió en donde conviven únicamente miembros de la Mara MS-13, “que es lo que sucedió, a mí me reporto el comandante del batallón que está allí, que hay un Privado de Libertad que se suicidó”.
El presidente de la Comisión Interventora enfatizó que Honduras no tiene centros penitenciarios de máxima seguridad, en cada dormitorio hay hasta trece personas de la misma estructura, pero si en una celda hay 13 Privados de Libertad.
Reveló que, en este caso se puso a disposición de la autoridad competente a los dos supuestos autores intelectuales que ordenaron el homicidio, así como a los dos que lo habrían cometido.
Los supuestos hechores identificados por las autoridades son José Luis Valdez Mejía y Luis Alexis Varela Guevara.
La máxima autoridad penitenciaria, afirmó que como institución siempre colaborarán con los entes encargados de llevar a cabo las investigaciones de estos casos.
Además, que cuentan con los informes de cada uno de los casos, así como con los videos y testigos protegidos para que se pueda realizar una adecuada y correcta investigación.
El jefe de la Policía Militar del Orden Público espera que se castigue a los responsables de esas dos muertes.