Economistas y analistas coinciden en que la nueva administración hondureña enfrenta enormes desafíos económicos que van más allá de la coyuntura política. El Colegio Hondureño de Economistas (CHE) ha advertido que el país debe aprobar con urgencia el Presupuesto General 2026, en un contexto marcado por la falta de consensos políticos, retrasos en financiamientos y altos niveles de informalidad laboral.
Uno de los puntos más señalados es la necesidad de reducir el aparato estatal, que actualmente cuenta con alrededor de 80 instituciones de gobierno, cifra considerada excesiva para una nación con recursos limitados. Expertos sostienen que un Estado más compacto permitiría liberar fondos para inversión en infraestructura, salud y educación, sectores que hoy enfrentan precariedad.
Asimismo, se subraya la importancia de honrar la deuda pública, que ha alcanzado niveles preocupantes y limita la capacidad de maniobra fiscal. El expresidente del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), Dante Mossi, destacó que el nuevo gobierno deberá negociar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) para estabilizar las finanzas y atraer inversión extranjera.
Otro reto clave es el sector energético, donde se requiere una estrategia clara para garantizar suministro estable y tarifas competitivas. La falta de confianza en la administración de los recursos públicos ha generado resistencia entre los contribuyentes, quienes demandan transparencia y eficiencia en el gasto. Reducir impuestos, según los especialistas, podría incentivar la formalización laboral y dinamizar la economía, siempre que vaya acompañado de un control estricto del gasto.
En conclusión, los analistas coinciden en que el nuevo gobierno debe tomar decisiones firmes y valientes: compactar el Estado, reducir impuestos, mejorar la eficiencia del gasto y fortalecer la institucionalidad. Solo así será posible recuperar la confianza de los ciudadanos y sentar las bases para un crecimiento económico sostenible en los próximos años.