El diputado Mario Pérez, jefe de bancada del Partido Nacional, anunció que una de las primeras iniciativas que podrían discutirse en el Congreso Nacional de Honduras será un decreto para declarar organizaciones terroristas a los colectivos del Partido Libertad y Refundación (Libre).
La propuesta surge tras los recientes atentados y agresiones contra legisladores, entre ellos el diputado Rolando Contreras y la diputada Gladys Aurora López, quienes denunciaron haber sido víctimas de ataques coordinados en las inmediaciones del hemiciclo.
Pérez argumentó que los colectivos de Libre han pasado de ser grupos de presión política a convertirse en estructuras violentas que atentan contra la integridad de los representantes y el orden democrático.
“No podemos permitir que se normalice la violencia en el Congreso. Estos grupos deben ser catalogados como terroristas para que enfrenten las consecuencias legales correspondientes”, señaló.
El debate se intensifica en un contexto de creciente polarización política. En enero de 2026, medios nacionales reportaron incidentes en los bajos del Congreso, donde simpatizantes de Libre realizaron protestas simbólicas que derivaron en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad.
Paralelamente, desde la bancada oficialista de Libre se han promovido iniciativas similares, como la propuesta de declarar “terroristas” al Partido Nacional y al Partido Liberal, lo que evidencia un choque político de alta tensión.
La iniciativa de Pérez, de ser aprobada, implicaría sanciones severas contra los colectivos, incluyendo la pérdida de personería jurídica, restricciones de financiamiento y la posibilidad de procesos penales bajo la legislación antiterrorista vigente.
Analistas advierten que esta medida podría escalar la confrontación política y generar un precedente delicado en la región, donde la criminalización de movimientos sociales ha sido objeto de debate internacional.
El Consejo Nacional Electoral (CNE) y organismos de derechos humanos han llamado a la prudencia, instando a los partidos a resolver sus diferencias mediante el diálogo y a garantizar la seguridad de los legisladores.
Sin embargo, la propuesta de Mario Pérez ya marca la agenda legislativa de 2026 y promete convertirse en uno de los temas más polémicos del nuevo período parlamentario.