La diputada del Partido Nacional y designada presidencial, María Antonieta Mejía, se pronunció enérgicamente sobre los disturbios ocurridos en los bajos del Congreso Nacional, donde la diputada Gladys Aurora López resultó herida en medio de enfrentamientos entre simpatizantes de oposición y colectivos del partido oficialista Libre.
Mejía afirmó que durante la autoconvocatoria de diputados opositores “se le llama al fiscal general a correr, a hacer las diligencias oportunas para poder agarrar en fragancia a Luis Redondo”, señalando que el presidente del Congreso habría convocado a grupos de choque para atentar contra la vida de una persona.
“La violencia no es política, no es protesta y no es democracia: es un fracaso del Estado y de quienes lo administran”, escribió en su cuenta de X.
La parlamentaria responsabilizó directamente a Luis Redondo y al partido Libre por el clima de confrontación que, según dijo, impera en el país.
“Los únicos responsables de este hecho violento y del desorden institucional son Redondo y Libre”, agregó.
El incidente se produjo en el marco de una autoconvocatoria de diputados opositores que buscaban discutir la legalidad de las últimas decisiones del Congreso.
Testigos relataron que simpatizantes oficialistas irrumpieron en la concentración, generando caos y agresiones físicas. López, expresidenta del Partido Nacional, sufrió heridas visibles que fueron difundidas en redes sociales.
La situación ha generado alarma nacional y llamados a la calma. Organizaciones civiles y analistas advierten que la violencia política amenaza la estabilidad democrática y exigen que el Ministerio Público investigue de inmediato. Mientras tanto, el oficialismo ha guardado silencio sobre las acusaciones, profundizando la tensión entre las bancadas.
El caso se suma a una serie de denuncias previas de Mejía contra Redondo, a quien acusa de manipular la Constitución y desconocer la voluntad popular.
La crisis política hondureña se intensifica, con el Congreso convertido en escenario de confrontación y con la oposición reclamando garantías de seguridad para sus representantes.