La Supervisora General del Poder Judicial, Sandra Rodríguez, anunció la intervención de los Tribunales de Trujillo y de Islas de la Bahía, por denuncias contra jueces.
“En relación al departamento de Islas de la Bahía y en el municipio de Trujillo, Colón, ante un número considerable de actuaciones que deben ser investigadas referente al conocimiento de las causas penales por los jueces de letras y sentencias de estas jurisdicciones”, explicó.
Al mismo tiempo añadió que “se desplazó equipo de supervisión para garantizar que la administración de justicia sea con el respeto al debido proceso en cada una de las causas que se tramitan, de encontrarse mérito se remitirá para el proceso disciplinario correspondiente”.
“Hay un número considerable de supuestos abusos de autoridad, faltas al debido proceso, retardos en la administración de la justicia, entre otros”, indicó.
CUATRO FASES
La togada recordó también sobre la intervención al Circuito de Corrupción, Ambiente y Criminalidad Organizada a partir de este lunes, “se han iniciado ya con las reuniones por parte de su servidora, a fin de establecer parámetros y directrices para así evitar cualquier conflicto de interés que pueda también como una afectación a la independencia judicial”.
Manifestó que la inspección a desarrollarse en el circuito en Materia de corrupción y criminalidad organizada de Tegucigalpa se desarrollará en cuatro fases.
Asimismo, dijo que la primera fase inició a partir de la autorización dada por la presidenta de la Corte, con la inspección general en los cinco despachos que opera en este circuito en el que al año 2024 se registra el ingreso de 306, en el año 2023 se registró un ingreso de 726, a partir de la unificación en este sentido.
“Se realizará como segunda fase la derivación de la denuncia individualizada que se considere proceder de oficio o que asimismo puedan interponer cualquier persona que se considere agraviada por parte de uno de los despachos para lo cual este equipo de inspectores e inspectoras actuantes estarán de manera permanente y quedarán instalados para estar en el circuito, y como parte de esta unidad a la que hemos dispuesto llamarle como Unidad Anticorrupción que operará en la Supervisión General tendrá cada uno de los usuarios del sistema judicial hondureño del país, acceso directo con la suscrita y podrán interponer sus denuncias sin temor alguno a la línea telefónica 3171-0029 que estará habilitada 24 horas al día y los 7 días a la semana”, explicó la togada.
Al mismo tiempo, dijo que la tercera etapa será el inicio del proceso disciplinario y en aquellas investigaciones en las que se considere la comisión de un ilícito penal serán transmitidas de manera simultánea e inmediata al Ministerio Público para que se proceda conforme a que corresponde.
Como cuarta fase o etapa la implementación de las recomendaciones y acciones de mejora que es lo que esta Corte Suprema de Justicia ha delegado la mejora continua en cada una de las etapas.
Son alrededor de 11 servidores judiciales puestos en esta administración a la orden del Ministerio Público, en lo que va del año, la Supervisión General ha recibido 723 denuncias.
Al consultarle a la abogada Rodríguez acerca de denuncias contra los jueces del circuito anticorrupción entre ellos el juez Marco Vallecillo procesado por el delito de extorsión intervenido detalló que “no se registra denuncia en contra del Juez y coordinador del juzgado en materia de corrupción Marco Vallecillo, pero durante ha ejercido su carrera judicial se registran cuatro procesos”.
Sin embargo, confirmó que tienen en trámite una denuncia interpuesta ante la supervisión general por parte del Ministerio Público en contra de un juez y el resto de los jueces no registran denuncias.
“Básicamente la denuncia se contrae a actos contrarios a la eficacia de la administración de la justicia señalados en el artículo 54 de la Ley de la Carrera Judicial, a la fecha está pendiente de aprobarse las investigaciones y de derivarse el proceso disciplinario correspondiente”, agregó.
La togada indicó que “verificaremos el historial de denuncias que han registrado cada una de las 26 personas que laboran en este circuito (auxiliares, receptores, secretarios adjuntos, escribientes, entre otros) a fin de poder determinar si se actuó con lenidad por parte de las autoridades para marcar un precedente, como parte de la transparencia que debe privar en la actual administración, que toda persona que sea denunciada a petición de parte o de oficio debe seguírsele el proceso investigativo y disciplinario correspondiente”.
Anunció que para este viernes esperan tener los primeros resultados, en lo que va del año la Supervisión General ha realizado 97 inspecciones generales en el resto del país, para determinar el actuar y tramitación de las causas.
De igual manera, “revisaremos la carga individualizada del circuito (incluida las del juez Marco Vallecillo), sobre aquellos sobreseimientos definitivos o provisionales otorgados y en el caso de encontrarse mérito y que veamos que una actuación del Ministerio Público de los fiscales actuantes no es apegada al debido proceso vamos a remitir el informe respectivo a la supervisión general del Ministerio Público.