En una declaración sin precedentes, el fiscal general de la República, Johel Zelaya, ordenó a la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC) ingresar a las instalaciones del Consejo Nacional Electoral (CNE) para recolectar pruebas relacionadas con graves señalamientos entre los tres consejeros del órgano: Ana Paola Hall, Cossette López y Marlon Ochoa.
Según Zelaya, existen denuncias por “conspiración” y “extorsión” entre los propios miembros, situación que—según el funcionario—amenaza el desarrollo de las elecciones generales previstas para el próximo 30 de noviembre.
Zelaya instruyó la inmediata citación de los tres consejeros para declarar ante el Ministerio Público. Advirtió que deben comparecer sin dilación, y que de ignorar el llamado, se aplicarán las medidas legales correspondientes. “No vamos a permitir que el proceso electoral se detenga”, sentenció.
Además, calificó los hechos como un intento deliberado de sabotaje al calendario electoral y ordenó el decomiso de documentación por parte de la ATIC. “El que se oponga, deténgalo”, dijo al director de la agencia, dejando clara su postura ante posibles obstrucciones.
El fiscal también denunció que los consejeros estarían respondiendo a intereses externos ajenos a la institucionalidad democrática. “No nos interesa si son altos funcionarios, ellos van a pagar”, afirmó.
Exhortó a fortalecer el Sistema de Transmisión de Resultados (TREP) conforme a ley, asegurando que “el pueblo merece elecciones libres, limpias y sin manipulación”.
Zelaya ahondó que la situación actual representa un boicot al cronograma electoral. En ese contexto, instruyó que la ATIC decomise documentación del CNE como parte de las investigaciones ordenadas. “El que se oponga, deténgalo (le dijo al director de la ATIC), no vamos a permitir que se siga obstruyendo el proceso”, sostuvo el funcionario.
El fiscal reiteró que el Ministerio Público no responderá a intereses particulares, “está al servicio del pueblo”. Además, hizo un llamado directo a los tres consejeros involucrados, recordando que deberán responder ante la citación.
“Hay un Ministerio Público que va a garantizar las elecciones, hay un CNE que no está respondiendo a los intereses del país”, dijo, para luego advertir que no tolerarán “una conspiración contra las elecciones generales”.
El titular del Ministerio Público expresó preocupación por la supuesta participación de actores con intereses ajenos a la institucionalidad democrática. “Hay tres actores que están obedeciendo a grupos externos. Ellos son los que van a pagar. No nos interesa si son altos funcionarios”, declaró.
También señaló la necesidad de contar con un Sistema de Transmisión de Resultados (TREP) que se ajuste a la ley “no al margen de los principios democráticos”.
Zelaya concluyó que la Fiscalía está lista para actuar en defensa de los comicios y del pueblo hondureño.
“Es necesario ponerle un alto a esta conspiración. El pueblo merece elecciones libres, limpias y sin manipulación”, sentenció.