Más de 400 personas de 13 comunidades, representantes de la sociedad civil y sector privado de Tocoa se reunieron este viernes con autoridades de la embajada de Estados Unidos en Honduras para mostrar su respaldo a la inversión minera en la zona y pedir su apoyo para que se respeten sus derechos a la vida, salud, educación y al trabajo.
Los líderes comunitarios denunciaron ante los expertos de derechos humanos y políticas de la Embajada de Estados Unidos que han sido víctimas de amenazas y ataques, e incluso, han perdido la vida más de 10 personas por su apoyo a un proyecto minero que desarrolla la empresa Inversiones Los Pinares en esta zona.
Julio César Hernández, presidente de la Federación de Patronatos del sector montaña, agradeció a los representantes de la embajada norteamericana por acercarse a ellos para escucharlos; al mismo tiempo pidió su apoyo para que el desarrollo no se detenga en las comunidades por intereses particulares de falsos ambientales, ya que expresó que antes la única alternativa que tenían era migrar hacia Estados Unidos.
“Tenemos derecho a tener una vida digna, a contar con trabajo, salud y educación; y por eso, estamos luchando pacíficamente. Hay un grupo de oposición que está en contra del proyecto minero y se está llevando de encuentro las vidas inocentes simplemente por ser empleados de una empresa. No es justo que les quiten la vida a las personas por el hecho de mirar hacia el futuro y apoyar estos proyectos. Estamos pidiendo apoyo para que se investigue las muertes de estas personas”, manifestó el líder patronal.
Hernández contó que viven en una constante zozobra ya que son amenazados simplemente por apoyar el proyecto minero, el cual ellos consideran es clave para el impulso y crecimiento de sus comunidades.
Esther Cueva, del Comité de Viudas, conformado por las esposas y madres de las 10 víctimas asesinadas por trabajar o respaldar el proyecto minero, pidieron a la embajada ayuda para hacer un llamado a las autoridades para que se investiguen estas muertes y se haga justicia.
“Mi esposo solo por trabajar en el proyecto minero fue asesinado, le quitaron la oportunidad de ver a sus hijos crecer y a ellos de tener un gran padre. Es un dolor que jamás podré superar. Pedimos a las autoridades que nos ayuden para que se haga justicia”, dijo entre lágrimas Cueva.
AHUYENTAN LA INVERSIÓN
Por su parte, Carlos Humberto Alemán, representante de la Cámara de Comercio e Industrias de Tocoa, dijo que la vida en Colón no tiene valor, además denunció la inseguridad jurídica en el departamento lo que ha frenado mucha inversión en la zona y generado la pérdida de muchos empleos.
“La economía se ha estancado por los altos índices de violencia y la inseguridad jurídica que está viviendo el departamento. Los empresarios pedimos apoyo a las autoridades para resolver este problema porque sin inversión no hay trabajo”, dijo Alemán.
Ediberto Alemán, presidente de la Asociación de Ambiente, Derechos y Justicia (ADJ), hizo un llamado a las demás embajadas y organismos a escuchar a estos sectores afectados por falsos ambientalistas que han desinformado maliciosamente sobre una falsa contaminación, lo que asegura no es cierto ya que ellos han realizado un recorrido en la zona y diversas pruebas que constatan que el proyecto de Inversiones Los Pinares cuenta con todas las medidas de mitigación necesarias.
“No es cierto que el río San Pedro esté contaminado ni tampoco el río Guapinol, este último ni siquiera está cerca del proyecto por lo que no es posible que exista ningún nivel de afectación. Nosotros hemos hecho varios estudios y pudimos constatar que todo está bien. Nos preocupa las repercusiones que estas denuncias falsas están causando al desarrollo de las comunidades”, apuntó.
También participaron en el encuentro miembros de universidades privadas, del Centro de Rehabilitación Integral de Colón (Cricol), Asociación de Ambiente, Derechos y Justicia (ADJ) y otros sectores civiles.