La exdirectora de la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia (DINAF), hoy Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF), Dulce María Villanueva Sánchez, enfrenta un proceso judicial tras ser capturada el lunes y presentada a la audiencia de declaración de imputado en los Tribunales en Materia de Corrupción de Tegucigalpa.
El juez dictó detención judicial, remitiéndola a la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), mientras se espera la audiencia inicial programada para el próximo 15 de diciembre.
El Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública, la señala por delitos como cohecho impropio, abuso de autoridad, concusión y sustracción u ocultación de documentos. Las investigaciones apuntan a supuestas irregularidades cometidas durante su gestión, incluyendo trámites de adopción de menores y el presunto cobro de coimas. Según el fiscal general Johel Zelaya, el caso forma parte de una estrategia para combatir la corrupción en instituciones clave del Estado.
Villanueva, quien fue funcionaria durante el gobierno de Libertad y Refundación, declaró a la prensa antes de ingresar a la audiencia: “Tengo suficiente arraigo, pero el Ministerio Público dice que es muy poco”. También aseguró haber colaborado siempre con las autoridades y manifestó sorpresa por el requerimiento en su contra.
El delito de concusión, uno de los que se le imputa, contempla penas de cinco a siete años de prisión, según el Código Penal hondureño.
La fiscalía no descarta ampliar el expediente, pues las líneas de investigación incluyen posibles cobros indebidos y otras irregularidades administrativas.
El caso ha generado atención pública por tratarse de una institución dedicada a la protección de la niñez y la familia, sectores especialmente vulnerables. La detención de Villanueva se suma a una serie de procesos judiciales contra exfuncionarios, enmarcados en la política de transparencia y rendición de cuentas que impulsa el Ministerio Público. Con esta medida, la justicia hondureña busca enviar un mensaje claro: los actos de corrupción en instituciones de alto impacto social no quedarán impunes.