La madrugada dejó al descubierto la fragilidad de la seguridad en San Pedro Sula. Tres negocios del barrio Medina fueron asaltados en cadena, en un operativo criminal que evidenció la ausencia de patrullajes y la vulnerabilidad de las zonas comerciales.
Los delincuentes ingresaron primero a un consultorio dental, forzando el techo y saqueando equipos médicos. Luego se desplazaron hacia una tienda de repuestos y finalmente a una pollería cercana, siguiendo un patrón calculado: entrada silenciosa, registro minucioso y salida sin ser detectados.
Cámaras de seguridad captaron parte del recorrido, pero hasta ahora no se reportan capturas.
Los comerciantes afectados describieron pérdidas significativas en dinero, mercadería y herramientas de trabajo.
“Uno trabaja todo el día para que en minutos se lo quiten”, lamentó un propietario, reflejando la frustración y el miedo que se extiende entre quienes dependen de sus negocios para sobrevivir.
Vecinos aseguran que no es un hecho aislado: en las últimas semanas los robos nocturnos se han multiplicado, generando un clima de alerta permanente.
Aunque muchos han invertido en cámaras, cerraduras y alarmas, reconocen que sin presencia policial constante estas medidas resultan insuficientes. La inseguridad, dicen, se ha convertido en un costo más del negocio.
El episodio ocurre en un momento políticamente sensible.
A cinco días del inicio del nuevo mandato de Nasry Asfura, aún no se han definido oficialmente las autoridades de la Secretaría de Seguridad, el Viceministerio ni la Policía Nacional.
Este vacío institucional ha sido interpretado como una señal de fragilidad en uno de los pilares más urgentes del Estado: la protección ciudadana.
Mientras los comerciantes intentan recuperarse, la ciudadanía exige respuestas claras y acciones inmediatas.
La inseguridad desbordada no solo amenaza la economía local, sino también la confianza en las instituciones encargadas de garantizar la paz y el orden.