Washington atraviesa una nueva pulseada política que amenaza con paralizar parte del aparato estatal.
El Congreso de Estados Unidos se encuentra entrampado en una disputa entre demócratas y republicanos que ha dejado congelado el financiamiento de áreas clave del gobierno, incluidas aquellas responsables de la seguridad fronteriza y la detención de migrantes.
El plazo para garantizar el funcionamiento normal vence este viernes. Si no se alcanza un acuerdo, varias dependencias deberán cesar operaciones, afectando desde programas administrativos hasta agencias con funciones de control migratorio.
La tensión se centra en la asignación de recursos para el Departamento de Seguridad Nacional, que supervisa a la Patrulla Fronteriza y al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Sin embargo, ICE cuenta con un fondo amplio que le permitirá mantener sus actividades por un tiempo, incluso si el cierre parcial del gobierno se concreta. Esto significa que las operaciones de detención y deportación de migrantes no se verán interrumpidas de inmediato, aunque la incertidumbre sobre la duración de ese margen preocupa a funcionarios y organizaciones de derechos humanos.
Los republicanos presionan por mayores recursos destinados a reforzar la frontera y endurecer las políticas migratorias, mientras que los demócratas buscan equilibrar el presupuesto con prioridades internas y programas sociales. La falta de consenso refleja la polarización política que domina Washington y que, en este caso, pone en riesgo la continuidad de servicios esenciales.
Analistas advierten que un cierre prolongado afectaría la confianza en las instituciones y tendría repercusiones económicas, además de complicar la gestión de la crisis migratoria.
El reloj avanza y, con él, la presión sobre los líderes del Congreso para evitar que la parálisis se convierta en un nuevo capítulo de inestabilidad política en Estados Unidos.