El fiscal general suspendido, Johel Zelaya, compareció ante la comisión especial del Congreso Nacional que investiga la denuncia de juicio político en su contra. Durante la sesión, que se tornó tensa en varios momentos, Zelaya aseguró que nunca atentó contra las elecciones generales de noviembre de 2025, pese a las presiones que recibió para que no se realizaran los comicios.
Uno de los puntos más polémicos fue el interrogatorio sobre los audios entregados por el consejero Marlon Ochoa, en los que tres personas supuestamente conspiraban contra el proceso electoral.
Zelaya afirmó que los audios eran reales y no producto de inteligencia artificial, aunque reconoció que no se identificaron las voces, no hubo cadena de custodia ni perito juramentado para validarlos.
Los diputados le recordaron que en conferencias anteriores él mismo había señalado a una consejera, un diputado y un militar como involucrados.
El fiscal defendió su proceder alegando que era su obligación iniciar una investigación tras recibir la denuncia, y que no podía esperar asistencia internacional para autenticar los audios si existía riesgo de un atentado.
También negó haber cerrado denuncias o perseguido políticamente a alguien, insistiendo en que el Ministerio Público “persigue delitos, no personas”.
La comparecencia se tornó más tensa cuando Zelaya discutió con los diputados Antonio Rivera Callejas y Jorge Cálix, quienes lo acusaron de haber sido nombrado ilegalmente y de aplicar justicia selectiva en materia electoral.
En respuesta, Zelaya aseguró que jamás actuó de forma parcial y que pudo haber afectado a varios diputados y funcionarios si así lo hubiese querido.
“Jamás se me cruzó por la mente ejecutar investigaciones contra quienes tengo enfrente, aunque mi imagen haya sido satanizada”, expresó.
Al cierre de la sesión, Zelaya reiteró que su suspensión responde a presiones políticas y no a delitos cometidos.
“Si yo he cometido un delito, no duden en llevarme a la cárcel y aplicarme la pena máxima”, dijo.
Además, acusó a la comisión de falta de objetividad y aseguró que su caso es apenas el inicio de un proceso institucional más amplio.
La comisión especial anunció que cuatro personas solicitaron ser escuchadas como testigos, lo que abre un nuevo capítulo en el juicio político contra el fiscal suspendido.