El Ministerio Público (MP), a través de la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), presentó un requerimiento fiscal contra los exfuncionarios de Gobierno en el periodo del expresidente Juan Orlando Hernández (2018-2022), excanciller de la República, Lisandro Rosales; Gabriel Alfredo Rubí Paredes, excomisionado de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO): Jessica Canahuati Farah, excónsul de Honduras en Nueva York acusados de cometer un perjuicio a la población hondureña por más de sesenta y tres millones de lempiras (L 63,839,377.80), mediante la compra de ventiladores mecánicos que nunca funcionaron para los pacientes de COVID-19.
A continuación, detallaron a los acusados, los cuales son: Lisandro Rosales, excanciller de la República; Gabriel Alfredo Rubí Paredes, excomisionado de la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO): Jessica Canahuati Farah, excónsul de Honduras en Nueva York; Cristian Elías Santeli Chavarría, Clara Lizeth Trejo Moncada y Alexis Yamil Peña Medina, exfuncionarlos de COPECO. Se les acusa de los delitos de fraude y violación a los deberes de los funcionarios.
“La pandemia no solo nos golpeó con una crisis sanitaria, sino que nos mostró la cara más cruel de la corrupción; ya que, según las investigaciones, estas personas se valieron de la emergencia para manipular el proceso de adquisición, además realizaron transferencias bancarias sin la debida documentación soporte y omitieron la recepción oficial de ventiladores mediante actas de entrega, un proceso que debió ser rápido, riguroso y transparente”, dijo el MP mediante un comunicado lanzado este lunes.
Expresaron que mientras el pueblo sufría una de las peores tragedias sanitarias de su historia y miles de hondureños morían asfixiados en los pasillos de los hospitales con sus familias “llorando desesperadas”, estas personas que hoy acusa el MP llenaban sus cuentas bancarias con dinero manchado de “sangre y lágrimas”, mientras los ventiladores aún continúan almacenados en las bodegas de los hospitales porque no fueron aptos para pacientes COVID-19. Terminando con que, “esta adquisición se convirtió en una cruel burla a la desesperación de todo un país, ya que la negligencia y la codicia de quienes debían servir al pueblo provocaron un perjuicio a la salud del pueblo.
Los gritos de auxilio y las lágrimas desgarradoras de madres, hijos y esposos siguen resonando en nuestra memora, recordándonos el profundo dolor y sufrimiento causado por esta fraudulenta compra”.