Con base en los análisis realizados por el Banco Central de Honduras (BCH), se constató que las operaciones crediticias otorgadas al Gobierno de la República de Honduras constituyen una fuente de financiamiento alternativo de la brecha fiscal, valores que ya se encontraban incluidos en el Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, Ejercicio Fiscal 2022, y considerados en las proyecciones macroeconómicas.
En este sentido, el 15 de febrero de 2022 el Congreso Nacional por medio del Decreto Legislativo No.8-2022 declaró Estado de Emergencia Fiscal y Financiera del Sector Público, autorizando a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (Sefin) para que adopte las medidas extraordinarias requeridas en el ámbito fiscal y financiero y para que en caso de ser necesario durante el ejercicio fiscal 2022 y 2023 realice la contratación directa de préstamos internos o externos, reasignación de recursos externos disponibles, colocación de títulos de deuda en el mercado doméstico o internacional y otras operaciones de crédito público en las condiciones financieras que obtenga al momento de su negociación, hasta por un monto US$2,000.0 millones.
En ese contexto, la Sefin por intermedio del Gobierno de República de Honduras mediante los oficios DPMF-007-2022 y DPMF-013-2022 del 14 de febrero y 16 de febrero de 2022 solicitó al BCH se le otorgue un préstamo por DEG239. 4 millones, aproximadamente US$336.0 millones, provenientes de las asignaciones de DEG realizadas por el Fondo Monetario Internacional en agosto de 2021, como apoyo presupuestario para realizar pagos por servicio de deuda externa, entre ellos el vencimiento del Bono Soberano por US$166.7 millones en marzo de 2022.
Asimismo, solicitó un crédito temporal por L11,836.0 millones, con base en lo establecido en el Artículo 40, párrafo tercero de la Ley del Banco Central de Honduras, con el objetivo de cubrir variaciones estacionales en los ingresos o gastos, a fin de ser utilizados en su totalidad, como apoyo presupuestario para atender los compromisos de servicio de deuda pública interna correspondiente a los meses de febrero y marzo de 2022.
Posteriormente, el Congreso Nacional, a través del Decreto Legislativo No.30-2022 del 8 de abril de 2022 y publicado la misma fecha en el Diario Oficial “La Gaceta”, contentivo de la Modificación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y sus Disposiciones Generales, Ejercicio Fiscal 2022, en su Artículo 274-J, autorizó a la Sefin y al BCH a suscribir un contrato de préstamo de hasta US$1,000.0 millones, con el propósito de financiar Inversión Pública, Pago de Deuda y Gestión de Pasivos.
Lo anterior en el marco del Estado de Emergencia Fiscal y Financiera del Sector Público declarado. Por lo cual, la Sefin mediante los oficios DGCP-GV-77/2022 y DGCP-GV-105/2022 del 10 de mayo de 2022 y del 14 de junio de 2022, solicitó al Banco Central de Honduras (BCH) la formalización del préstamo por US$1,000.0 millones, considerando entre otras erogaciones el pago del servicio de deuda interna y externa del 2022 y el pago del segundo tramo del bono soberano que vence en marzo de 2023 por US$166.7 millones.
Las operaciones de crédito de excepción solicitadas por el Gobierno de la República de Honduras se enmarcan en la Constitución de la República, la Ley Orgánica del Presupuesto, la Ley del Banco Central de Honduras, en el Decreto de Estado de Emergencia Fiscal y Financiera del Sector Público y en el Decreto Legislativo No.30-2022, contentivo de la Modificación del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República y sus Disposiciones Generales, Ejercicio Fiscal 2022; y para el otorgamiento de dichos préstamos, nuestra Institución ha cumplido con los procedimientos establecidos en nuestra ley constitutiva, los cuales requieren que tales operaciones crediticias, sean aprobadas por el voto unánime de los miembros del Directorio del BCH.
De esta forma, el Gobierno de la República de Honduras continúa honrando los compromisos de deuda pública (interna y externa) adquiridos por las administraciones anteriores, así como las futuras obligaciones que este Gobierno contrate; contribuyendo de esta manera a generar las condiciones necesarias que permitan un clima de certidumbre y de estabilidad macroeconómica, que siente las bases para la inversión nacional y extranjera en beneficio de la población hondureña, especialmente la que se encuentra en condiciones más vulnerables.