Por lavado de activos queda presa abogada

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El juez con Jurisdicción Nacional en Materia de Criminalidad Organizada y corrupción celebró la audiencia inicial para la tercera implicada en el caso de “La Tolva”, la abogada Diana Gisell Zelaya, por suponerla responsable del delito de lavado de activos.

Lo anterior lo confirmó la portavoz de los juzgados, Bárbara Castillo quien además agregó que a la profesional del derecho se le sobreseyó provisionalmente por el delito de asociación para delinquir, ya que no se acreditó ante el juez que perteneciera a alguna estructura criminal. 

La audiencia preliminar quedó programada para el próximo 24 de enero del año 2024 a las 9:00 de la mañana.

La Policía Militar del Orden Público (PMOP), junto con Agentes de la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), en un allanamiento realizado en la en la colonia Centroamérica, de la capital detuvieron la abogada Zelaya por suponerla responsable del delito en mención.

Zelaya supuestamente fue la que introdujo los más de 445 mil lempiras al Centro Penitenciario “La Tolva” en Morocelí, Departamento de El Paraíso, por el cual están con la medida de Detención Judicial el director de ese Centro Penal, coronel Rodimiro Arita y el asesor legal Luis Rodríguez.

El ministro de Defensa, José Manuel Zelaya confirmó este lunes en su red social de “X” la detención de la togada, “en acciones de seguimiento al caso contra el coronel Rodimiro Arita, miembros de la @PMOPHN capturaron este lunes a la abogada Diana Gissela Zelaya Banegas”.

Asimismo, “La profesional del derecho será puesta a la orden de las autoridades competentes para enfrentar el debido proceso. ¡Continuamos!”.

Es de destacar que, en resolución de audiencia inicial, el director de “La Tolva” coronel José Rodimiro Arita, y el asesor del INP, Luis Antonio Rodríguez Alvarado, acusados de lavado de activos y violación de los deberes de los funcionarios quedaron con la medida de prisión preventiva.

El Ministerio Público ordenó el miércoles pasado la detención preventiva contra el coronel José Rodimiro Arita, jefe del Centro Penitenciario de Morocelí (La Tolva), quien luego de las diligencias investigativas se presentó el requerimiento fiscal por los delitos lavado de activos y violación a los deberes de los funcionarios, todo lo anterior obedece a indagaciones relacionadas a estar contribuyendo con maras y pandillas en una aparente entrega de casi medio millón de lempiras vinculada a los privados de libertad.

Según la fiscalía, se investigará el origen del dinero, quién lo llevó hasta el centro penal, a quién iba dirigido y si se pretendía lavar como producto de las extorsiones; cabe mencionar que en el centro penal de Morocelí sólo hay miembros de la mara 18 entre las personas que guardan prisión.

De acuerdo a investigaciones, no es la primera vez que se llevan grandes cantidades de dinero a ese centro penal, en tal sentido las autoridades de la Policía Militar del Orden Público (PMOP), quienes tienen a su cargo todos los centros penales del país, determinaron que se pusiera a la orden de la Fiscalía tanto al coronel como al abogado para continuar las investigaciones.