A pocas horas de cumplirse el plazo establecido por la Constitución de la República para el inicio del proceso de elección del nuevo fiscal general y Fiscal adjunto, el Bloque de Oposición Ciudadana hace un llamado a los diferentes actores políticos y sociales para que esta elección se realice en el estricto marco que indica la ley y los procedimientos democráticos.
En tal sentido, ante las muestras de amenaza, injerencia y hostilidad por parte de las principales figuras gubernamentales, subrayamos el artículo 233 de la Constitución de la República, que literalmente dice.
“La titularidad del Ministerio Público corresponde al fiscal general de la República; habrá, asimismo, un fiscal general Adjunto, quien sustituirá al titular en caso de ausencias, excusa o recusación. Estos funcionarios serán electos por el Congreso Nacional para un período de cinco años, con el voto favorable de por lo menos dos terceras partes de sus integrantes…”
Es decir, 86 diputados propietarios deben estar presentes para la elección de las nuevas autoridades del Ministerio Público, debiendo contar con el quórum necesario que de acuerdo al artículo 60 de la Ley Orgánica del Congreso Nacional, en su último párrafo indica: “Cuando llegare a faltar un diputado propietario que impida la formación del quórum, el presidente podrá incorporar a cualquier diputado suplente del partido político del propietario ausente”.
A sí mismo, la Constitución de la República, en su artículo 193 indica que “Ni el mismo Congreso, ni otra autoridad del Estado o particulares, podrá impedir la instalación del Congreso, la celebración de las sesiones o decretar su disolución. La contravención de este precepto constituye delito contra los Poderes del Estado.
Hacemos un llamado a la Presidencia de la República, para que en este proceso se respete el imperio de la ley. Nosotros, como BOC, no permitiremos que secuestren nuestra democracia, hacemos énfasis en los grandes objetivos de esta plataforma ciudadana; el libre ejercicio de los derechos ciudadanos, la defensa del Estado de Derecho y de la Libertad.
A la presidenta Xiomara Castro le preguntamos, con el respeto que merece su investidura: ¿No le da vergüenza despilfarrar más de 50 millones de lempiras en un acto de injerencia clara de un poder del Estado sobre otro, mientras el pueblo hondureño no tiene medicinas, no hay trabajo, no hay seguridad y las personas fallecen en las calles esperando la llegada de una ambulancia?
A las Fuerzas Armadas y a la Policía; exigimos el cumplimiento de su labor constitucional, su papel es la defensa de la patria y de la Constitución, no de partidos políticos o líderes que no han hecho más a través de su trayectoria que sembrar división y odio en la familia hondureña.
A la Comunidad Internacional; mantenerse vigilantes y condenar categóricamente las violaciones e ilegalidades que se suceden a diario en nuestro país.
Al pueblo hondureño; reafirmar nuestro compromiso en la defensa de la democracia de nuestro país, estamos de frente, sin miedo y nuestra fortaleza siempre será su respaldo como familia hondureña.