A días de las elecciones generales del 30 de noviembre, Honduras enfrenta un ambiente de incertidumbre marcado por atentados, amenazas e intimidación contra candidatos y activistas, así como homicidios políticos que han golpeado incluso a niños.
El caso más reciente es el de Arnol Caled, un niño de cinco años que murió de un disparo en la cabeza cuando regresaba con su familia de una concentración del partido gobernante Libertad y Refundación (Libre) en la aldea La Cuesta, Santa Bárbara. Una adolescente de 14 años resultó herida en el mismo ataque.
La madre del menor, Rosita Díaz, relató entre lágrimas que su hijo soñaba con ser policía y construir casas para ella y su abuela.
Arnol murió en brazos de su abuela dentro de un vehículo que trasladaba a varios familiares y vecinos de regreso a su comunidad, Río Helado. El hecho ha generado consternación nacional y refleja la vulnerabilidad de la población civil en medio de la violencia política.
La situación se agrava con la ampliación del estado de excepción parcial, vigente desde diciembre de 2022 en 226 de los 298 municipios del país, y extendido el pasado 12 de noviembre por 45 días más.
Organismos regionales como la Red de Instituciones Nacionales de Derechos Humanos del Continente Americano (Rindhca) han advertido que la medida restringe garantías fundamentales y afecta la confianza en el proceso democrático.
La Embajada de Estados Unidos en Honduras también emitió una alerta de seguridad para sus ciudadanos, advirtiendo sobre posibles manifestaciones, cierres de carreteras y fuerte presencia policial y militar durante los comicios.
Con este panorama, el país llega a las elecciones generales en un clima de tensión y temor, donde la violencia política y la falta de garantías plenas amenazan la integridad del proceso electoral y la seguridad de los hondureños.