*** Entre el 2016 y el 2023, el CONADEH atendió 227, de los cuales, el 75% denunciaron estar en riesgo, mientras que, el 25% que eran víctimas de desplazamiento forzado.
La creciente violencia delincuencial en Honduras afecta a más de un centenar de profesiones y oficios en el país, sin embargo, uno de los gremios más afectados es el de los profesionales del derecho que, en los últimos años, muchos de sus agremiados fueron víctimas de amenazas, atentados, desplazamiento forzado y muertes en circunstancias violentas que convierten a esta profesión en una labor de alto riesgo.
En el marco del Día del Abogado Hondureño, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), reveló que, en los últimos años, centenares de abogados denunciaron ser víctimas de la violencia delincuencial que les afecta tanto a ellos como a los miembros de su familia, preocupación que se incrementa por los altos niveles de impunidad que pone en mayor riesgo su integridad física y sus vidas.
227 QUEJAS DE ESTAR EN RIESGO
Entre el 2016 y el 2023, el CONADEH atendió alrededor de 227 quejas de profesionales del derecho que denunciaron estar en riesgo y ser víctimas del desplazamiento forzado, una de las modalidades violatorias de mayor crecimiento en el país, en los últimos años.
Datos revelados por la Unidad de Desplazamiento Forzado Interno (UDFI), del CONADEH, en estos 8 años, establecen que, alrededor del 75% de los abogados denunciaron estar en riesgo, mientras que el 25% restante que fueron víctimas de desplazamiento forzado.
En el 75% de los casos, los abogados se quejaron de ser objeto de amenazas, otros en cambio que fueron víctimas de extorsión, lesiones, atentados y de tentativas de homicidios.
La mayor parte de las quejas se concentran en los departamentos de Francisco Morazán (64%), Cortés (17%), Olancho (4.7%), Valle (4.7%), Choluteca (4.7%), además de, Intibuca, Santa Bárbara y Atlántida.
Entre los principales agresores figuran personas desconocidas, maras y pandillas, bandas criminales, operadores de justicia e incluso compañeros de trabajo.
El 47% de las quejas (107), atendidas por el CONADEH, fueron presentadas por los profesionales del derecho entre los años 2022 y el 2023. En este último año se registró el mayor número de casos con 64.
Con la asistencia técnica del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), el CONADEH puso en funcionamiento la UDFI, con el objetivo de monitorear el fenómeno de desplazamiento forzado interno, a nivel nacional, así como, brindar apoyo en atención a las víctimas.
La titular del CONADEH, Blanca Izaguirre, exhortó a las autoridades hondureñas a poner en práctica mecanismos de seguridad que permitan salvaguardar la integridad física y la vida de los profesionales del derecho y sus familiares.
Indicó que, en cualquier sociedad, la vida del profesional del derecho representa esperanza para una sociedad necesitada de justicia.
En el CONADEH vemos con preocupación la situación de violencia que enfrentan, desde hace varios años, las personas que se dedican al ejercicio del derecho, precisó.
MÁS DE 200 ABOGADOS MUERTOS
Los hechos violentos contra los miembros de este gremio empezaron a registrarse en el 2004, sin embargo, los mismos se agudizaron a partir del año 2010.
Entre el 2004 y el 2024, la Institución Nacional de los Derechos Humanos de Honduras registró más de 200 profesionales del derecho que perdieron la vida en circunstancias violentas, con un nivel de impunidad que ronda entre el 93 y el 95% del total de casos.
Al menos, 14 departamentos del país fueron escenario de la muerte violenta de los abogados, sin embargo, el mayor riesgo se presenta en los departamentos de Cortés y Francisco Morazán que registran el 70% de los casos.
Entre los profesionales del derecho fallecidos, en circunstancias violentas, figuran especialistas en derecho penal, derecho mercantil, jueces de tránsito, de la niñez y de letras, fiscales del Ministerio Público, defensores públicos, asesores legales de sindicatos, de instituciones bancarias, instituciones del Estado, de organizaciones campesinas y ex operadores de justicia.