Para evitar un “baño de sangre” y la creación de “escuadrones de la muerte” por parte de los pobladores del municipio de Lepaterique, Francisco Morazán, las autoridades municipales se vieron obligadas a decretar el “toque de queda”.
Una invasión o movilización de pandilleros y miembros de otras agrupaciones criminales, huyendo de la capital, ha llegado a extorsionar, amenazar y hasta ultimar humildes agricultores de ese pintoresco municipio, sus aldeas y caseríos.
En los últimos meses, en la zona se acrecentó la criminalidad supuestamente ejecutada por miembros del crimen organizado que después de ser “corridos” de la capital se fueron a refugiar al municipio, donde habitan unas 25 mil personas.
TOQUE DE QUEDA
Según las mismas informaciones, las autoridades municipales determinaron practicar un estado de excepción, porque entre la población ya se menciona tomar la justicia por sus propias manos.
“El toque de queda lo estamos implementando, porque hay un temor que se arme un escuadrón de la muerte civil y no queremos que unas personas vayan a fallecer en enfrentamientos por un par de delincuentes que han llegado a quitarnos la tranquilidad del municipio”, señaló el alcalde de Lepaterique, Henry Mejía.
Indicó que varios lugareños ya “dijeron que a persona que estuviera en la calle lo iban a fusilar”. A partir de ayer, en el municipio de Lepaterique, se inició un toque de queda por 30 días, a partir de las 10:00 de la noche.
SIETE GRUPOS
El jefe edilicio amplió que la medida municipal se tomó en vista del incremento de la inseguridad en ese sector aledaño a la capital, particularmente por el cobro de la extorsión que se atribuye a siete grupos distintos que han llegado a ese territorio, procedentes desde varios puntos del país.
“Como alcalde comprometido con mi pueblo, se han tomado algunas medidas a raíz de las extorsiones que ha tenido nuestro municipio”, manifestó el alcalde. Mejía confió que él mismo recibió amenazas de muerte, y así varios negocios, por lo que se tomó la decisión de un toque de queda.
Los sectores más golpeados por el “impuesto de guerra” de los extorsionadores son las personas que prestan el servicio de transporte.
Mejía, lamentó que en el municipio solo cuentan con elementos de la Policía Nacional para unos 25 mil habitantes, por lo que han iniciado pláticas con las autoridades a fin de que haya patrullajes permanentes y asignen más personal.
Entre las ordenanzas de la corporación municipal destaca también el censo en los inmuebles destinados para arrendamientos, como cuarterías u hoteles, por lo cual el propietario deberá indicar el nombre completo de las personas que los habitan.
También se ordena la cancelación de todo tipo de eventos públicos, como fiestas, campamentos de deportes, cumpleaños, entre otros.