29 calcinadas y 16 acribilladas, es el resultado mortal, en cárcel de mujeres en Támara, en un ataque armado de la pandilla 18 a sus rivales, confirmó una reclusa que está siendo atendida por una herida de bala en una de sus piernas, en el Hospital Escuela.
El narcotráfico y crimen organizado peleará con todo para evitar perder espacio en Honduras, así que la guerra está abierta, dijo una de las miembros de la Junta Interventora de las cárceles.
El reporte preliminar indica que un grupo de pandilleras de la 18, armadas con pistolas 9mm y armas largas, como AR-15, se dirigieron a la zona de la MS-13 y demás “paisas” disparando a mansalva a todo lo que se movía.
También se informó, que un grupo de mujeres se refugió en un baño, al cual le echaron llave y posteriormente le metieron fuego, muriendo las 29 mujeres que se habían refugiado.
El gobierno podría tomar medidas extremas, al propio estilo Bukele, apartar tanta organización de derechos humanos, Honduras es un país bajo fuego de estas organizaciones, ante este panorama, se requiere de medidas especiales.
La corrupción, complicidad y sabotajes al interior del Sistema Penitenciario Nacional, ha sido el detonante para que actos violentos se estén generando en los últimos días, los que han dejado como resultado, privados de libertad muertos en los Centros Penitenciarios de Morocelí, en el departamento de El Paraíso e llama, Santa Bárbara.
Según información de inteligencia penitenciaria, en poder de la Comisión Interventora, el objetivo que conlleva el crimen organizado es desestabilizar el plan de acción instruido por la presidenta de la República, Xiomara Castro, a través de la puesta en marcha de la «Operación Refundación Penitenciaria», que tuvo su primera fase en el Centro Penitenciario de llama, Santa Bárbara.
En el desarrollo de las acciones tácticas operativas, se detectó la filtración no solo de la primera fase de la operación. Sino hasta de información del avance de la misma, obstaculizando el decomiso total del armamento que actualmente tienen los privados de libertad en su poder.
Durante la operación, quedó al descubierto la manera de operar de estas estructuras criminales que utilizaban su ingenio y sobornos en la creación y habilitación de caletas removiendo bloques, el piso, banquetas con un peso aproximado de unas 200 libras y puertas blindadas.
En el marco de la transparencia y combate a la corrupción la Comisión Interventora, integrada por la viceministra de Seguridad, Julissa Villanueva; la abogada Sandra Rodríguez y el exfiscal contra el crimen organizado Mario Chinchilla, resolvió remover a todo el personal penitenciario que desempeñaba labores operativas, asignando a un nuevo grupo de agentes.
Sin embargo, miembros de otra institución de seguridad también brindan apoyo en las funciones, pero a la fecha, esas personas permanecen en sus asignaciones a pesar de las denuncias anónimas de la complicidad con los privados de libertad al introducirles armas de fuego, droga, entre otros objetos de uso prohibido.