Cuando Olvin Velásquez salió de la isla de Utila en Honduras a bordo de la embarcación M/V Pop, tenía en mente un plan que podía cambiarle la vida. Sin embargo, aquello que parecía una travesía hacia un futuro mejor se convirtió en un redefinido camino hacia la justicia en Estados Unidos.
En la nave, además de 23 migrantes hondureños, viajaban ocultos 24 kilos de cocaína con destino a la costa de Luisiana.
La estrategia era sencilla: cruzar el Golfo dejando atrás las sospechas, llegar a tierra, dispersarse y continuar con sus planes. Pero el plan se vino abajo cuando el motor de la embarcación falló a unas 75 millas de la costa estadounidense, poniendo fin a la huida.
La Patrulla Costera de Estados Unidos interceptó la embarcación y desde ese momento comenzó la investigación.
En las primeras pruebas, Velásquez intentó negar su participación, haciéndose pasar por otro migrante indocumentado. Sin embargo, con la colaboración de agencias como ICE y el Departamento de Justicia, su verdadera identidad y rol en la operación salieron a la luz.
Ahora, Velásquez enfrenta cargos de conspiración para distribuir cinco kilogramos o más de cocaína.
De ser declarado culpable, la sentencia mínima sería de al menos 10 años de prisión, pudiendo extenderse hasta cadena perpetua. Mientras espera el juicio en el Distrito Este de Luisiana, otros implicados en la red de tráfico de drogas también enfrentan la justicia.
Este caso evidencia una vez más cómo las organizaciones criminales utilizan la movilidad de migrantes para sus actividades ilegales, y cómo la ley en Estados Unidos continúa enfrentando con firmeza a quienes intentan traficar drogas y migrantes por igual.