El director de la Unidad Fiscal de Redes de Corrupción (UFERCO), Luis Javier Santos, negó que esté preparando una acusación contra más de 77 periodistas que recibieron pagos por publicidad y servicios profesionales de la Casa Presidencial entre el 2014 y 2016.
Santos salió al paso de la alerta del Colegio de Periodistas de Honduras (CPH) llamando a sus afiliados a estar “vigilantes ante una acción mal intencionada (de parte de UFERCO) con la franca intención de destruir la reputación de los periodistas y atentar contra la libertad de expresión y los medios de comunicación. Atentos compañeros”.
La entidad gremial tuvo conocimiento que el fiscal se apresta a requerir a los comunicadores en el marco de un caso conocido como “Hermes” en el que ya fueron imputados 12 personas, entre ellos, exfuncionarios del gobierno anterior que supuestamente malversaron una partida millonaria de Casa de Presidencial destinada al pago de pauta publicitaria, servicios profesionales y otros rubros.
A pesar que los 12 acusados fueron absueltos provisionalmente por falta de pruebas, el fiscal, supuestamente, abrió una nueva línea en contra de los comunicadores a los que les pagaron sus honorarios de esa misma partida.
Tanto el CPH como los mismos comunicadores consideran que el fiscal está actuando con sectarismo a sabiendas que todos los gobiernos del pasado han contratado los servicios periodísticos. Además, critican su afinidad al partido en el poder, sus recurrentes intimidaciones públicas y en privado, además de exponerlos al escarnio personal y de sus familiares en las redes sociales.
“TRABAJA CON PROFESIONALISMO”
Frente a esto, el fiscal Santos escribió en su cuenta de Twitter que “la UFERCO trabaja con profesionalismo, no se prestará jamás para una acción mal intencionada. Lamento que CPH mienta y no ponga en práctica la veracidad, el valor más importante en el ejercicio del periodismo, es decir, informar con exactitud y ateniéndose rigurosamente a los hechos”.
El caso “Hermes” fue judicializado en 2021, siete años después de los primeros pagos a los comunicadores. Tras más de un año de recibir el revés con las primeras imputaciones, el fiscal trasladó las pesquisas contra los periodistas, pero fue en las últimas horas que saltaron los rumores de los requerimientos, una semana después que el Congreso le diera autonomía a su unidad para impulsar los casos sin la autorización del fiscal general.
Fuentes externas y abogados independientes que han tenido acceso al expediente, le han aconsejado al fiscal Santos cerrar el caso, porque si no pudo probar el supuesto mal manejo de la cuenta de Casa Presidencial, tampoco puede “criminalizar” la contratación de la pauta publicitaria ni los servicios profesionales a la que tienen derecho todos los gobiernos.
En su momento, los periodistas mencionados rindieron las explicaciones de los pagos cuando fueron citados por UFERCO como testigos del caso dejando en claro no tener vínculo con ninguna red de corrupción, como insiste el fiscal Santos.