El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) hizo pública una auditoría que revela graves irregularidades en el manejo de fondos públicos en la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), institución encargada de ejecutar programas contra la pobreza y la exclusión en Honduras.
El informe, entregado al Ministerio Público (MP), solicita acciones legales para determinar responsabilidades penales y administrativas.
Según el documento, se detectó una “estrategia sistemática” para desviar recursos del Fondo de Administración Solidaria, beneficiando de forma indebida a personas vinculadas políticamente a la diputada Isis Cuéllar (Libre, Copán), así como a candidatos y familiares cercanos.
El TSC señala que varios beneficiarios no recibieron el monto completo de las obras sociales asignadas, y que los fondos fueron canalizados a través de cheques cobrados por Ilsy Baquedano, figura clave en la red de distribución.
El escándalo, conocido como el “Caso Sedesol”, estalló en junio de 2025 tras la filtración de un audio entre Cuéllar y el entonces ministro José Carlos Cardona, en el que coordinaban la entrega de cheques por L100,000 para “equipar coordinaciones políticas”.
La revelación provocó la renuncia inmediata de Cardona y una ola de indignación ciudadana que ha sido comparada con casos emblemáticos como el del IHSS y los hospitales móviles.
La Secretaría de Transparencia anunció una verificación física de los proyectos beneficiados, mientras organizaciones como el CNA y la ASJ han exigido que se judicialice el caso sin dilaciones.
El Ministerio Público, por su parte, confirmó que abrió una línea de investigación y que se solicitarán medidas cautelares contra los implicados.
El caso ha reavivado el debate sobre el uso clientelar de los fondos sociales y la necesidad de blindar las instituciones contra la corrupción política.
La ciudadanía exige justicia y garantías de que los recursos destinados a los más vulnerables no se conviertan en botín electoral.