La reciente cancelación del Estatus de Protección Temporal (TPS) para los hondureños en Estados Unidos ha encendido fuertes alertas sobre la capacidad del país para enfrentar un eventual retorno masivo de migrantes. La medida, aprobada tras una apelación en una corte de San Francisco, afecta directamente a más de 55 mil compatriotas que hasta ahora contaban con protección legal frente a la deportación.
La secretaria de Seguridad estadounidense, Kristi Noem, informó que la decisión revierte la suspensión dictada el pasado 30 de diciembre por una jueza federal. Con ello, miles de hondureños pierden de manera inmediata su blindaje temporal y quedan expuestos a procesos de detención y deportación.
Expertos en migración y desarrollo advierten que Honduras no está preparado para recibir a tal cantidad de retornados en un corto plazo. La fragilidad institucional, la persistente pobreza y la limitada capacidad de reintegración laboral y social podrían desencadenar una crisis humanitaria. “El país carece de programas sólidos de reinserción y la llegada masiva de migrantes podría saturar los servicios básicos”, señaló un analista consultado.
El impacto económico también preocupa. Muchos de los beneficiarios del TPS son parte de la fuerza laboral en sectores clave de Estados Unidos y envían remesas que sostienen a miles de familias en Honduras. Una deportación masiva reduciría drásticamente esos ingresos, afectando el consumo interno y aumentando la presión sobre un mercado laboral ya debilitado.
Organizaciones de derechos humanos han pedido al gobierno hondureño y a la comunidad internacional diseñar planes de contingencia para evitar que el retorno se convierta en un detonante de mayor desigualdad y conflictividad social. Mientras tanto, los afectados viven en incertidumbre, conscientes de que su futuro inmediato depende de decisiones políticas y judiciales en Washington.
La cancelación del TPS marca un punto de inflexión en la relación migratoria entre Honduras y Estados Unidos, y plantea un desafío de enormes proporciones para un país que aún lucha por superar sus propias vulnerabilidades estructurales.