MIAMI, EE. UU. — El exdirector de la Tasa de Seguridad Poblacional de Honduras, Roberto Cosenza Centeno, se declaró culpable ante la Corte del Distrito Sur de Florida por los delitos de soborno y lavado de activos, en el marco de una red de corrupción que desvió fondos públicos destinados a la seguridad ciudadana.
Durante la audiencia, presidida por el juez Edwin Torres, la Fiscalía solicitó una condena de 30 años de prisión, mientras que la defensa pidió una pena mínima de 12 años. La sentencia definitiva será anunciada el próximo 31 de octubre por la jueza Jacqueline Becerra.
Cosenza admitió haber recibido pagos ilícitos entre 2015 y 2019 para facilitar contratos millonarios a empresas extranjeras vinculadas a la fabricación de uniformes para la Policía Nacional. Entre los implicados figuran Carl Alan Zaglin, empresario estadounidense, y Aldo Néstor Marchena, quienes junto a Cosenza canalizaron más de 10 millones de dólares en contratos fraudulentos.
Según documentos judiciales, los acusados lavaron las ganancias mediante empresas pantalla y cuentas bancarias en Estados Unidos y Belice. Se identificaron transferencias superiores a 166,000 dólares hacia cuentas controladas por Cosenza y otro funcionario hondureño.
El Departamento de Justicia de EE. UU. calificó el caso como un avance significativo en la lucha contra la corrupción transnacional.
La Tasa de Seguridad, creada en Honduras para fortalecer la seguridad pública, ha sido objeto de múltiples denuncias por malversación y uso indebido de fondos.
La confesión de Cosenza refuerza las investigaciones abiertas contra otros exfuncionarios hondureños, incluyendo casos similares como el de Juan Ramón Molina Rodríguez.
El proceso judicial en EE. UU. podría marcar un precedente en la rendición de cuentas por el manejo irregular de fondos públicos en Honduras.