El general de brigada Fernando Ramiro Muñoz Bonilla, solicitó oficialmente su baja de las Fuerzas Armadas de Honduras, luego de negarse a asumir el cargo de agregado militar en Nicaragua, una decisión que generó diversas interpretaciones dentro y fuera del ámbito castrense.
La solicitud fue presentada el pasado jueves y aprobada horas después, según confirmaron fuentes militares. Aunque la institución castrense argumenta que se trata de una “decisión personal por motivos médicos”, el propio Muñoz declaró que no aceptaría ir “a países con los que no comparto”, calificando la asignación como un “castigo”.
El cargo de agregado militar, que forma parte del cuerpo diplomático, suele otorgar privilegios y reconocimiento institucional.
Sin embargo, Muñoz presentó una constancia médica alegando problemas de salud, la cual no fue aceptada por la cúpula militar.
Según fuentes internas, tras su negativa, se le habría presionado con auditorías y amenazas de juicio por supuestas irregularidades durante su gestión en el Instituto Nacional Penitenciario (INP).
Muñoz, quien fue director de la Policía Militar del Orden Público y más recientemente del INP, había sido apartado de ambos cargos en medio de tensiones con el gobierno y diferencias sobre el manejo de crisis penitenciarias, como la masacre de 46 mujeres en la PNFAS en 2023.
La baja será efectiva en diciembre, y el general pasará a la “honrosa condición de retiro”, según el coronel Edwin Lara Franco, vocero de las Fuerzas Armadas. La institución insiste en que no hay trasfondo político en la decisión, aunque el episodio ha reavivado el debate sobre la autonomía militar frente a decisiones diplomáticas y políticas.
Muñoz concluye así una carrera de más de tres décadas, marcada por misiones de alto perfil y controversias institucionales. Su salida deja vacante un cargo estratégico en la región centroamericana.