1. El Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), manifiesta su profunda preocupación y rechazo frente a los recientes acontecimientos observados en el Congreso Nacional, que reflejan desviaciones de los procesos democráticos y legales establecidos en nuestra Constitución. La integridad del Estado de Derecho es la columna vertebral de una sociedad democrática y de un país próspero, y cualquier acción que socave este principio fundamental es inaceptable y merece condena.
2. Condenamos enérgicamente cualquier acto de violencia y coacción, incluido el secuestro reportado de diputados dentro del Congreso Nacional. Tales actos no solo violan los derechos humanos fundamentales, sino que también dañan la credibilidad y el funcionamiento de nuestras instituciones democráticas.
3. Instamos a todos los actores políticos a mantener la calma y a resolver las disputas a través del diálogo y la vía legal. Es imperativo que todas las partes involucradas actúen con prudencia y responsabilidad para evitar una escalada de tensiones.
4. Hacemos un llamado enérgico a las autoridades para que se abstengan de facilitar el quebrantamiento del orden Constitucional. Asimismo, urgimos a las partes involucradas a iniciar un diálogo inmediato y constructivo para la elección del fiscal general y del fiscal general Adjunto, asegurando que este proceso se realice de manera transparente, conforme a Ley y con los 86 votos que se requieren. La legitimidad de estas figuras es esencial para la confianza en nuestro sistema de justicia y para la gobernabilidad democrática de Honduras.
5. Advertimos que las acciones que contribuyen a la inestabilidad y a la desestabilización del país amenazan el clima de inversión, la generación de empleo y el desarrollo económico sostenible. Hacemos un llamado urgente a la cordura y a la reflexión para evitar sumir al país en una crisis institucional más profunda.
EI COHEP reafirma su compromiso con la democracia, la legalidad y la estabilidad económica, pilares indispensables para el progreso de Honduras. Exhortamos a los líderes políticos y a las instituciones del Estado a poner los intereses de la nación por encima de cualquier disputa partidista y a trabajar juntos para mantener la confianza en nuestro sistema democrático y jurídico.