** Entre los detenidos está el actual subjefe de la bancada nacionalista, Nelson Márquez
La Unidad Fiscal Especializada Contra Redes de Corrupción (UFERCO), con el respaldo de la Fiscalía Especial para la Transparencia y el Combate a la Corrupción Pública (FETCCOP), interpuso una denuncia penal contra varios exfuncionarios, legisladores y jueces hondureños por estar vinculados a una red de corrupción que habría defraudado al Estado con más de 3,000 millones de lempiras mediante demandas ilegales.
El requerimiento fiscal, que se dio a conocer, implica a figuras como la ex Secretaria de Seguridad, Lidia Estela Cardona Padilla; el ex secretario de SEDESCOAS, Nelson Javier Márquez Euceda; la ex coordinadora general de Gobierno, Martha Vicenta Doblado Andara; la exgerente general de la Empresa Nacional de Ingenieros S.A. (NAINSA), Eva María Vázquez Villanueva; y otros personajes que supuestamente orquestaron fraudes en contratos diversos, usando bases irregulares y árbitros sin autoridad legal.
El documento también señala a jueces como Irissabel Lucía Miranda Hernández y Raymundo Esau Gradiz Vilorio, por utilizar documentos falsificados y actuar en defensa de intereses particulares, en perjuicio del Estado.
Además, se denuncia a Héctor Alvarado Mejía, exfuncionario de la Procuraduría General de la República (PGR), y a Rafael Eduardo Chávez Aguilar, por falsificación de documentos en sus funciones judiciales.
El caso tiene sus raíces en hechos ocurridos en el año 2000, durante el paso del huracán Mitch, cuando fondos internacionales fueron entregados a una empresa estadounidense, DRC Inc., la cual, según la investigación, operó ilegalmente en Honduras a través de un contrato falsificado y denuncias falsas ante la Corte Suprema de Justicia.
La denuncia revela que DRC Inc. habría manipulado procesos judiciales para obtener beneficios económicos ilegales, sin autoridad formal para operar en el país.
El MP señala que estas acciones forman parte de una trama de corrupción destinada a defraudar al Estado hondureño mediante demandas fraudulentas. Además, advierte que el accionar de los involucrados estuvo coordinado y fue simulado, con el único objetivo de desfalcar los recursos públicos y favorecer intereses particulares.
El requerimiento fiscal representa un paso importante en la lucha contra la corrupción en Honduras, y reafirma el compromiso del Ministerio Público de investigar y sancionar la impunidad en casos de delitos graves que afectan al país.